La Fiscalía General de la Nación, por medio de un boletín difundido en la mañana del martes 17 de junio confirmó que se le imputaron cargos a un agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín, presuntamente por solicitar dinero a varias personas a cambio de facilitar su ingreso laboral en la entidad.
El funcionario, identificado como Santiago José Meneses Rivera, fue capturado el 11 de junio de 2025 por el grupo anticorrupción del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y deberá cumplir medida de aseguramiento en su domicilio.
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Según las diligencias desarrolladas por el ente investigativo, los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2022 y septiembre de 2023. Durante este periodo, Meneses Rivera, de 29 años, habría exigido sumas de entre $8 y $10 millones de pesos a quienes buscaban trabajar como agentes de tránsito.
La Fiscalía señala que, en al menos ocho ocasiones, el funcionario solicitó a las víctimas una cuota inicial, con el compromiso de que el resto de la suma pactada sería entregada una vez se concretara el supuesto ingreso laboral a la institución.
Las labores de policía judicial permitieron establecer que el agente se habría apropiado de más de $23 millones bajo esta modalidad. Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín le imputó el delito de concusión. Meneses Rivera no aceptó los cargos.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el alcance de las presuntas irregularidades y determinar si existen más personas afectadas por este esquema de exigencias económicas en el proceso de vinculación laboral en la Secretaría de Movilidad de Medellín para seguir adjuntando material probatorio al caso.
Policías fueron judicializados por presunta colaboración con red de explotación ilegal de madera en Bolívar
la Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra el capitán Harold García Ospina y otros cuatro oficiales por recibir sobornos a cambio de facilitar la extracción de madera de la reserva forestal del río Magdalena, en el departamento de Bolívar.
La audiencia judicial, que se llevó a cabo en Bogotá el 14 de junio de 2025, reveló que los acusados se habrían beneficiado de consignaciones directas a las cuentas de aplicaciones de pago digitales como Nequi. En el caso de García Ospina, se mencionó el ingreso de $3.000.000 durante mayo y junio de 2023, en medio de una operación que permitía a una organización criminal sortear los controles legales establecidos para proteger el medio ambiente.
Además de García Ospina, el subintendente Fabio Ignacio Ramírez Arismendy y los patrulleros Edison Peña Moreno, Enyerber Fernando Rueda Correa y José Isabelino Gamboa Cabrera están implicados, según la información proporcionada por el ente investigativo. Estos oficiales, a través de sus posiciones, habrían proporcionado información confidencial sobre las operativas policiales, lo que facilitaba el tránsito ilegal de la madera por vías del Magdalena Medio hacia centros urbanos donde se comercializaba.
El fiscal encargado del caso destacó que la operación de la red criminal incluía la explotación de especies de alto valor ecológico como cedro rosado, almendro, y fresno, entre otras. La Fiscalía imputó delitos graves, como el de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y cohecho propio. No obstante, ninguno de los acusados admitió los cargos presentados.
La Fiscalía General de la Nación ha calificado el operativo como un golpe contundente contra las organizaciones criminales que se benefician de la corrupción policial para ejecutar actividades que devastan el medio ambiente. La colaboración entre las fuerzas del orden y los grupos delincuenciales ha permitido un tráfico desenfrenado que amenaza la biodiversidad y los recursos críticos de la región.
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