Alcaldes colombianos denunciaron la reducción de los recursos de seguridad: exigen al Gobierno Petro la liberación de $300.000 millones

En una declaración conjunta desde Bogotá, los 32 alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, encabezados por el alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, Alejandro Éder, manifestaron su preocupación por el deterioro de la seguridad en el país. Denunciaron un recorte presupuestal superior a 1,5 billones de pesos en materia de seguridad por parte del Gobierno nacional, lo que, según ellos, afecta gravemente las capacidades operativas de la fuerza pública.

De acuerdo con lo expresado por Éder, en lo que va de 2025 se ha registrado una reducción de 900.000 millones de pesos en el presupuesto de seguridad en comparación con el año anterior. A esto se suma una congelación de entre 600.000 y 700.000 millones de pesos adicionales, lo que impacta directamente en áreas clave como la inteligencia, la policía judicial y las capacidades operativas del Ejército y la Fuerza Aérea.

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Según el mandatario caleño, mientras los gobiernos locales han incrementado en un 30% sus gastos en seguridad, en comparación a las acciones del Gobierno nacional que ha reducido su aporte en un 20%. “No podemos tapar el hueco que se está dejando desde el nivel central”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que la capital fue una de las ciudades más afectadas por esta disminución presupuestal. Explicó que hace 12 años la ciudad contaba con más de 19.000 policías, mientras que actualmente la cifra se ha reducido a 16.000, a pesar de que la población ha crecido en cerca de un millón de personas durante el mismo periodo.

Galán subrayó que, aunque las alcaldías están haciendo esfuerzos significativos para aumentar sus presupuestos de seguridad, es fundamental que el Gobierno nacional asuma su responsabilidad principal en esta materia. “Sin recursos no hay capacidades operativas ni de inteligencia”, enfatizó.

Durante su intervención, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que, aunque su administración ha incrementado el presupuesto de seguridad en un 62% durante los últimos cuatro años, los esfuerzos locales no son suficientes para cubrir el déficit de pie de fuerza y enfrentar las amenazas que afectan a las ciudades.

Gutiérrez también expresó su rechazo al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y cuestionó el manejo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando que esta entidad ha priorizado la asignación de esquemas de seguridad a personas vinculadas con estructuras criminales, lo que, según él, genera desconfianza en su gestión.

Solicitud de los fondos Fonsecon

Los alcaldes hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para liberar los recursos del Fondo de Seguridad Ciudadana (Fonsecon), que cuenta con 300.000 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer las capacidades de inteligencia, proteger a los candidatos presidenciales y garantizar la seguridad ciudadana en un año electoral. “Colombia no puede retroceder a los años de violencia y terrorismo que ya habíamos superado”, advirtió Éder.

En respuesta a la crisis de seguridad, los mandatarios anunciaron la convocatoria a una cumbre con el ministro de Defensa, la cúpula militar y la Policía Nacional en los próximos 15 a 20 días. El objetivo de esta reunión será revisar estrategias conjuntas que permitan abordar los desafíos de seguridad en los territorios.

Asimismo, los alcaldes insistieron en la necesidad de garantizar el derecho a la protesta social, pero advirtieron que también se deben proteger los derechos de quienes no participan en las manifestaciones, para asegurar la convivencia pacífica.

En cuanto a la política de Paz Total promovida por el Gobierno, los alcaldes expresaron su preocupación por el aprovechamiento que algunos grupos armados estarían haciendo de esta iniciativa. “Cualquier política de paz debe ir acompañada de una política contundente de seguridad. De lo contrario, lo que veremos es la descomposición del orden público en los territorios”, señalaron.

Sobre eso, el alcalde de Medellín fue más enfático, señalando que: “Entendiendo la vinculación de muchos excombatientes Farc y del M19, ¿qué garantías genera realmente hoy la UNP? Esa es la pregunta que nos hacemos muchos colombianos y decir que nuestro concepto, la paz total, es un fracaso absoluto y que lo que necesita el país es seguridad en las zonas rurales y en las zonas urbanas”.

Finalmente, los mandatarios locales expresaron su solidaridad con los alcaldes y líderes que han sido víctimas de amenazas o atentados en los últimos días. Reiteraron su compromiso con la defensa de la vida, la democracia y la institucionalidad, y enfatizaron la necesidad de trabajar de manera conjunta con el Gobierno nacional para garantizar la seguridad de todos los colombianos.