El camino que lleva a un niño a convertirse en sicario: radiografía de una realidad invisibilizada en Colombia

El señalado sicario de 14 años implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un testigo clave tras aceptar los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas que le imputó la Fiscalía.

Un tribunal determinó que el menor permanezca en custodia por al menos cinco meses en el búnker de la Fiscalía de Bogotá para garantizar su seguridad mientras avanza la investigación.

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Entre sus declaraciones, el adolescente confesó que le ofrecieron hasta 20 millones de pesos por perpetrar el ataque, sin recibir una ruta de escape para eludir a las autoridades.

De acuerdo con El Colombiano, en mayo pasado, organismos como el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) intentaron intervenir en la vida del joven mientras este deambulaba por las calles del centro de Bogotá.

Un funcionario del Idipron aseguró al medio que, durante ese encuentro, “solo se le contó al joven de la oferta institucional y nada más [...] registraron sus datos en una planilla y apuntaron su número telefónico”. Sin embargo, el menor rechazó la propuesta, dejando inconclusa esta oportunidad para retirarlo de un entorno que lo conducía al delito.

El Gobierno nacional también intentó intervenir, vinculándolo al programa Jóvenes en Paz, cuyo propósito es alejar a los jóvenes de dinámicas criminales mediante ofertas educativas, laborales y sociales. Según el presidente Gustavo Petro, el joven tuvo conflictos para relacionarse en el programa, “no asistió a ninguna clase y se retiró voluntariamente”.

Esta situación pone en evidencia el alcance limitado de los esfuerzos estatales para proteger a menores en riesgo. El mencionado medio señala que, de una meta de 100.000 jóvenes, hasta mayo de 2023 solo se había vinculado al 28%, afectando la capacidad de respuesta ante situaciones similares.

El patrón de reclutamiento de menores en Colombia ha sido ampliamente documentado. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 1.494 niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, lo que equivale a un menor movilizado cada 48 horas.

Las cifras oficiales no reflejan la totalidad de los casos, ya que muchos permanecen en el subregistro. La UIA también advirtió que las promesas de dinero y trabajo son las principales estrategias utilizadas por grupos ilegales para atraer a menores, como lo demuestra este reciente caso.

Un estudio elaborado por Unicef y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) analizó a 2.181 menores reclutados por grupos armados entre 2013 y 2022. El informe identificó factores clave que predisponen a los niños a caer en manos de grupos ilegales: el 78% había sufrido violencia intrafamiliar antes de su reclutamiento y el 69% provenía de familias de bajos recursos en zonas rurales. Asimismo, el 89% de los casos documentados ocurrió en regiones donde la confrontación armada es predominante. Según el informe, “el contexto familiar es determinante” para que los niños sean vulnerables a la delincuencia organizada.

La ausencia de un entorno familiar estable y el trauma personal se encuentran entre los principales factores que conducen a los menores hacia el crimen, según Juan Carlos Vanegas, exfuncionario del Centro de Atención Especializado Carlos Lleras Restrepo.

Vanegas explicó al medio que “ambientes hostiles, eventos traumáticos como abusos sexuales o pérdidas de seres queridos suelen ser detonantes que fijan a los jóvenes en situaciones de riesgo”. Además, las dinámicas sociales presentes en las calles a menudo incitan a estos jóvenes a buscar pertenencia en grupos delictivos, iniciando un proceso de instrumentalización.

Esta problemática ilustra no solo las fallas en la intervención estatal, sino también la facilidad con que los grupos criminales logran identificar y captar a menores en situaciones de vulnerabilidad. Los menores suelen empezar con trabajos menores para estas organizaciones, como “raspachines” en cultivos ilícitos o recolectores de información local, hasta que eventualmente empuñan armas. Según el informe de Unicef e Icbf, el 80% de los menores reclutados realizó trabajos similares antes de involucrarse plenamente con actividades armadas.

Al discutir si estos menores infractores son rescatables, Vanegas sostiene que existe posibilidad de recuperación, especialmente entre los 14 y 17 años. Para ello, es crucial que el Estado se comprometa a brindarles acceso a programas de apoyo psicológico, ocupacional y social. Explicó que muchos jóvenes encuentran nuevos caminos lejos de la delincuencia tras su paso por sistemas de responsabilidad penal mediante acompañamiento profesional. Sin embargo, enfatizó que la continuidad del apoyo por parte del Estado es fundamental para garantizar su reintegración social exitosa.

El caso del joven acusado de atentar contra Miguel Uribe Turbay pone un rostro a la estadística y evidencia cómo factores estructurales, fallas en la intervención pública y la capacidad persuasiva de las redes ilegales convergen para determinar el destino de miles de menores en Colombia.

Mientras las instituciones gubernamentales enfrenten dificultades para llegar y sostenerse en comunidades vulnerables, las historias como esta seguirán presentándose, dejando interrogantes sobre las posibilidades reales de evitar que los niños sean empujados a las filas del crimen.