El 5 de junio de 2025 comenzó con expectativa ante el anuncio de un nuevo liderazgo en el Ministerio de Justicia, tras la salida de Ángela María Buitrago. Ese día, el exfiscal Eduardo Montealegre confirmó que asumiría la dirección de la cartera. El nombramiento ha seguido generando controversia y reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos.
Recientemente, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, se pronunció cuestionado Eduardo Montealegre. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Briceño comparó al nuevo ministro con el dirigente venezolano Diosdado Cabello, en una crítica que refleja el rechazo de algunos sectores opositores frente a su nombramiento.
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En su publicación, el concejal capitalino Daniel Briceño criticó duramente el nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, haciendo una comparación directa con una de las figuras más controvertidas del oficialismo venezolano. “El Diosdado Cabello de Colombia es Eduardo Montealegre”, escribió en su cuenta de X.
La crítica de Daniel Briceño se conoció poco después de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmara que el presidente Gustavo Petro tiene la intención de convocar una asamblea nacional constituyente de carácter “popular”.
Esta no ha sido la única publicación de Briceño sobre Eduardo Montealegre. En otro mensaje, también cuestionó la postura del ministro frente a la legalidad del decreto que convoca la consulta popular, señalando una aparente contradicción en su actuación. “Dice Eduardo Montealegre que los ministros que firmaron el decreto de la consulta popular pueden estar tranquilos porque ‘no cometieron’ ninguna ilegalidad, pero él como ministro de Justicia no firmó el decreto”, escribió el servidor público de la capital del país en una mensaje de la red social antes mencionada.
En otro de sus mensajes en redes sociales, el concejal Daniel Briceño insistió en su rechazo al nombramiento de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia. Con una comparación irónica, puso en duda la idoneidad del exfiscal para ocupar ese cargo y calificó la designación como un hecho lamentable. “Poner a Eduardo Montealegre como ministro para que sea el garante de la justicia en Colombia es como poner a Olmedo López a cuidar de los recursos públicos. Una absoluta vergüenza”, dijo.
Otro de los que ha criticado con dureza la llegada de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia es el exvicepresidente Francisco Santos, conocido por su férrea oposición al Gobierno de Gustavo Petro. En una reciente publicación, cuestionó el nombramiento y acusó al nuevo ministro de estar alineado con los intereses del presidente, especialmente en lo relacionado con la propuesta de una asamblea nacional constituyente.
“Al drogadicto le llegó su droga. Montealegre le cae a @petrogustavo como anillo al dedo para alimentar su locura, su ego y su obsesión. Ya se convirtió en el Tarek William Saab de @NicolasMaduro. Lo que se viene va a ser duro. ¡A la calle colombianos a defender la democracia y la libertad!”, aseveró el político colombiano.
Y es que, en entrevista con Blu Radio, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se refirió a la necesidad de impulsar transformaciones profundas en el país y respaldó públicamente la propuesta del presidente Petro de avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. “Hay que hacer reformas radicales, ¿y qué pasa? El presidente ya habló y dijo expresamente que necesitamos una constituyente, una convocatoria constituyente, pero de iniciativa popular”, afirmó.
Eduardo Montealegre planteó que la propuesta de asamblea constituyente debería surgir directamente desde la ciudadanía, a través de un proceso de recolección de firmas. Indicó que para que la iniciativa tenga carácter obligatorio ante el Congreso, se necesitaría el respaldo de cerca de 8 millones de personas, equivalente al 20% del censo electoral.
El ministro señaló que la intención detrás de la convocatoria a una asamblea constituyente es transformar el aparato institucional del país y abrir paso a reformas estructurales. A su juicio, ciertos órganos establecidos por la Constitución de 1991 están dificultando los procesos de transformación. “Las instituciones creadas en la Constitución de 1991 se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social”, afirmó Montealegre.
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