Denuncian presunto caso de corrupción en el Megabus de Pereira: habría casos de contratos a “dedo”

La Red de Veedurías de Colombia encendió las alarmas sobre el manejo del contrato de concesión del servicio de recaudo del sistema de transporte masivo Megabús en Pereira, denunciando que este se ha venido prorrogando de forma irregular, sin mediación de un proceso licitatorio abierto.

Según la entidad, esta situación representa una posible violación a la Ley 80 de 1993, que rige la contratación pública en el país, y estaría atentando directamente contra los intereses patrimoniales de los ciudadanos pereiranos.

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En un comunicado dirigido a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, la Red de Veedurías exigió la apertura de una investigación formal sobre las prórrogas consecutivas que se han otorgado al actual operador del sistema de recaudo, Recaudos Integrados S.A.S., empresa que continúa prestando el servicio a pesar de que su contrato, según se afirma, debió haber finalizado hace varios años.

“Se está entregando a dedo una prórroga millonaria del contrato, sin la debida competencia ni transparencia”, aseguró Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías.

Bustos recalcó que esta práctica va en contravía de los principios de objetividad, transparencia y libre concurrencia que deben regir la contratación estatal. Por ello, solicitó un acompañamiento inmediato por parte de los órganos de control para garantizar que se abra cuanto antes un nuevo proceso licitatorio en el que puedan participar todos los interesados bajo las mismas condiciones.

“La apertura de la licitación no puede seguir postergándose, ya que estas prórrogas solo favorecen al concesionario actual y afectan la calidad del servicio que reciben los usuarios del sistema Megabús”, añadió.

Y es que el sistema de transporte masivo de Pereira es un componente esencial para la movilidad urbana y la prestación eficiente del mismo depende, entre otros factores, de una gestión transparente del recaudo. La Red de Veedurías sostiene que la permanencia del actual operador, sin la validación de una licitación pública, no solo impide la competencia justa, sino que genera sospechas sobre la posible existencia de intereses particulares en el mantenimiento de este esquema contractual.

De acuerdo con la entidad veedora, el contrato debió renovarse a través de un nuevo proceso contractual desde la administración municipal anterior. No obstante, a la fecha no se ha convocado a una licitación pública ni se ha anunciado oficialmente la apertura de un concurso que permita seleccionar un nuevo operador conforme a la normativa vigente. “No existe justificación válida para continuar con las prórrogas. Se está generando un daño patrimonial potencial y se incumple el deber legal de realizar una selección objetiva”, recalcó Bustos.

Además, la Red de Veedurías anunció que estará vigilante frente a nuevos hechos que puedan considerarse irregulares, en caso de que se intente prolongar nuevamente el contrato vigente sin el respaldo de un proceso abierto. Bustos advirtió que si se sigue postergando la apertura de la licitación, se notificará de inmediato a las autoridades competentes, en aras de proteger los recursos públicos y la legalidad de la contratación en Pereira.

El llamado es claro: se necesita una licitación pública que respete los principios constitucionales de contratación estatal, que garantice la libre participación de nuevos proponentes y que permita una mejor prestación del servicio de recaudo para los usuarios del sistema. La Red de Veedurías recalcó que este proceso debe realizarse con el mayor rigor legal y con plena garantía para todos los oferentes que deseen participar en la operación del sistema de recaudo del transporte masivo en la capital risaraldense.

El caso pone en el centro del debate el manejo de los contratos públicos en los sistemas de transporte del país, en un contexto donde la ciudadanía exige cada vez más transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos. Por ahora, la atención se centra en la actuación de los entes de control, que deberán determinar si efectivamente existieron irregularidades y qué medidas deberán tomarse para garantizar la legalidad en los procesos contractuales de la ciudad.