Las decisiones del Gobierno nacional encendieron alertas entre las empresas estadounidenses con operaciones en Colombia. Más allá del debate político, lo que está en juego, según el sector empresarial, el verdadero eje de la discusión es la estabilidad institucional del país, un factor que consideran clave para mantener activa la inversión extranjera, preservar la seguridad jurídica y sostener la confianza de largo plazo en el entorno económico colombiano.
El Consejo de Empresas Americanas (CEA), que agrupa a 115 firmas de capital estadounidense, expresó su preocupación frente a lo que interpreta como una concentración de poder en el Ejecutivo. En un comunicado, su director ejecutivo, Ricardo Triana, fue enfático: “Desde el Consejo de Empresas Americanas observamos con especial inquietud cualquier circunstancia que pueda comprometer la fortaleza de las instituciones en Colombia”.
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La inquietud creció tras la expedición de un decreto que convoca a una consulta popular sobre temas como la reforma laboral, pensional y la transición energética, pese a que el Senado rechazó expresamente esa posibilidad el 14 de mayo. Para el gremio, avanzar por esa vía sin respaldo legislativo representa un riesgo real para el equilibrio entre los poderes.
“Al desconocer esa decisión y avanzar unilateralmente, se pone en riesgo la separación de poderes, principio esencial para la democracia representativa. Una ruptura de este equilibrio no solo afectaría la legitimidad de las instituciones, sino que podría desencadenar una crisis constitucional sin precedentes, debilitando las garantías de derechos, la seguridad jurídica y la convivencia democrática en el país”, advierten.
Pero, la preocupación no se limita a la consulta popular. La posibilidad de una eventual asamblea nacional constituyente y la autorización al Gobierno para suspender la regla fiscal por tres años completan un panorama complejo y tensionante que, en opinión del CEA, incrementa significativamente la incertidumbre para los inversionistas nacionales y extranjero
“El entorno democrático estable y previsible es indispensable para preservar la confianza de los ciudadanos, garantizar la seguridad jurídica y proteger el clima de inversión”, recordó Triana. En el primer trimestre de este año, Colombia recibió 3.142 millones de dólares en inversión extranjera directa, siendo Estados Unidos el principal aportante. Por eso, las decisiones que puedan alterar ese entorno, dicen, no solo afectan lo político, sino que impactan directamente la economía del país.
El gremio enfatiza que la regla fiscal durante más de una década, es un ancla de credibilidad para Colombia ante los mercados internacionales. Suspenderla sin una causa extraordinaria, como estipula el marco legal, podría desencadenar consecuencias macroeconómicas adversas. “La decisión de flexibilizar este límite de gasto sin que medie una circunstancia extraordinaria […] eleva la percepción de riesgo país y podría derivar en una degradación de la calificación crediticia, encareciendo el acceso a financiamiento externo”, señalaron. Esto, advierten, impactaría variables tan sensibles como las tasas de interés, el costo de vida y el acceso a empleo.
Las empresas asociadas al CEA aseguran que, frente a este tipo de cambios en las reglas de juego, se vuelve cada vez más difícil planear y proyectar operaciones a mediano y largo plazo. “La solidez del marco institucional y la estabilidad de las reglas son factores determinantes para la toma de decisiones de inversión”, reiteran.
A esto se suma el contexto regional, otros países están en plena competencia para atraer inversiones y nuevos proyectos productivos. En ese escenario, cualquier señal de inestabilidad interna juega en contra. “En un contexto regional competitivo, […] cualquier señal de inestabilidad o deterioro de las condiciones de seguridad jurídica podría reducir la competitividad del país como destino de inversión”, advirtió el gremio.
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