En medio de tensiones institucionales y debates sobre el alcance del poder presidencial, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, envió el jueves 12 de junio un mensaje categórico sobre la necesidad de preservar la independencia judicial como condición esencial para la democracia en Colombia.
Lo hizo durante la histórica posesión de la nueva magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, que por primera vez se llevó a cabo en la Sala Plena de la corporación y no ante el presidente de la República.
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“El país ha depositado su confianza y su anhelo de justicia en usted, como en todos los que integramos esta Corte”, expresó Ibáñez en su discurso. Pero más allá del saludo protocolario, la intervención del presidente de la Corte fue una defensa articulada de los principios constitucionales y un llamado a blindar a la justicia de cualquier forma de interferencia política, mediática o violenta.
“La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho, pero también es profundamente vulnerable a los ataques: si la sociedad a la que sirven los jueces no se empeña en resguardarla, esa independencia puede hacerse añicos”, advirtió Ibáñez, citando a la jueza estadounidense Ruth Bader Ginsburg.

“Por eso debemos defender celosamente la autonomía de nuestra Rama Judicial y con ella, la autonomía de la Corte Constitucional”, agregó, subrayando el papel del tribunal como “voz serena de la razón” en medio de posibles turbulencias políticas.
La posesión de la magistrada Escobar se convirtió en una declaración institucional de independencia. Al elegir jurar su cargo ante sus pares y no ante el presidente de la República —como tradicionalmente ocurre—, la nueva integrante del alto tribunal se acogió a lo establecido por la Sentencia C-134 de 2023, que reconoció el derecho de los magistrados a posesionarse también ante el presidente de su respectiva corte o ante notario, en concordancia con los principios de separación de poderes.
“La posesión ante el propio órgano judicial afianza su autogobierno, protege la autonomía institucional y salvaguarda la imparcialidad de quienes estamos llamados a ejercer control judicial de constitucionalidad”, explicó Ibáñez.
El magistrado detalló que esta posibilidad no es un formalismo ni una innovación arbitraria, sino una evolución jurisprudencial que reconoce que “la supresión de la independencia judicial implicaría desnaturalizar el espíritu del Constituyente de 1991”.

Sin hacer alusión directa al debate nacional sobre una posible consulta popular anunciada recientemente por el Gobierno nacional y firmada por decreto de Gustavo Petro, el presidente de la Corte fue claro al subrayar que todo poder público tiene límites y debe ejercerse conforme al mandato de la Constitución.
“No se debe olvidar que la soberanía es popular, en la cual descansa el poder constituyente del cual emana el poder público que se ejerce en los términos que la Constitución establece”, afirmó.
Esa declaración cobra especial relevancia en el actual contexto, en el que se discute la posibilidad de que el Ejecutivo recurra a mecanismos de participación ciudadana para modificar el rumbo de decisiones legislativas o judiciales. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional se reafirma como un poder independiente que ejerce control sobre los actos del Estado, sin importar su origen, para garantizar el respeto a la Carta Magna y a los derechos fundamentales de todos los colombianos.
“La independencia judicial no existe para que los jueces hagan lo que quieran, sino para hacer lo que deben”, recordó Ibáñez, retomando las palabras del juez Anthony Kennedy, y reiteró que el papel del alto tribunal es proteger a quienes no tienen voz, garantizar los derechos de las minorías y hacer valer los principios constitucionales incluso frente a mayorías circunstanciales.

El discurso de Ibáñez cerró con un mensaje dirigido a la nueva magistrada de la corporación que, en la actual coyuntura, adquiere fuerza política y jurídica: “La independencia que usted personifica hoy, magistrada Escobar, es el cimiento de la confianza ciudadana en el poder de la Constitución. Que su temple y su rectitud sean un homenaje permanente […] a los magistrados que han pasado por las altas cortes, incluyendo a los inmolados en este Palacio de Justicia y que cayeron defendiendo un ideal grande: el ideal de una democracia libre y justa, donde el Derecho no se doblega”.
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