
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la suspensión de las sesiones del Senado durante 72 horas pone en riesgo la aprobación de la reforma laboral y lo lleva a reconsiderar la firma del decreto para la consulta popular.
Esta declaración surgió después de que el Congreso decidiera interrumpir sus actividades hasta el miércoles, lo que, según el mandatario, afecta directamente el trámite de iniciativas clave para su gobierno.
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El jefe de Estado se pronunció tras un mensaje del exembajador Roy Barreras, que había anunciado que el presidente congelaría la firma del decreto de la consulta popular como un gesto para reducir la tensión política. Petro reconoció que contempló esa posibilidad, pero la decisión del Senado de suspender las sesiones alteró el escenario.
“Lo dicho en el trino es casi toda la verdad, solo que se dijo algo que se había dicho antes de la decisión de la plenaria del Senado al suspender sesiones hasta el miércoles”, explicó.
A su vez, subrayó que la suspensión parlamentaria implica que ni la consulta popular ni la reforma laboral podrán avanzar por la vía legal en los plazos previstos, por lo que dejó implícito que recurriría al decreto para avanzar con su plan de gobierno. “Eso me hizo decir que no dado que significa prácticamente que ni consulta ni reforma laboral por ley salgan, no puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño”.
Incluso, el presidente Petro dio a entender que el decreto para la consulta popular cuenta con todas las firmas necesarias, restando únicamente la sanción presidencial para su entrada en vigor.

De hecho, publicó en sus redes sociales una imagen del artículo que justifica la sanción de la consulta popular vía decreto. El artículo 33 de la ley 1757 de 2015 que reza: “La Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo”.
Y agregó: “Este es nuestro fundamento legal sobre la consulta” con el que buscaba responder a los críticos que defienden la ilegalidad de la convocatoria del mecanismo de participación ciudadana.

Así mismo, dijo que el principal propósito de la consulta es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados en Colombia. Para ejemplificarlo citó un artículo en el que Alicia Arango, exministra de Trabajo del gobierno Duque, argumentaba que no es necesario tener a un trabajador ocho horas, sino dos.
“Este es el exabrupto que queremos erradicar, la inestabilidad del trabajo, la laboralización juvenil y la jornada laboral de 8 horas garantizada por el sobrecargo a las horas extras y festivos”.
Experto cataloga de ilegal el ‘decretazo’ de la consulta popular

Fabio Pulido, experto en Derecho y Ciencias Políticas, en diálogo con Infobae Colombia analizó el discurso del presidente Gustavo Petro y advirtió sobre las consecuencias que traería la consulta popular si se presenta vía decreto, olvidando que este proyecto se hundió en el Congreso de la República.
A su juicio, “el decreto es claramente ilegal y en contra de lo institucional, el presidente no tiene la competencia para declarar la nulidad de los actos de los otros actores públicos, es decir, el Congreso de la República. El acto existió, tanto así que hay denuncias, la ponencia es errónea y es claramente lo más cercano a un golpe institucional”, concluyó.
Con respecto al discurso del jefe de Estado, el experto sostuvo que Petro ha mantenido un constante comportamiento de amenaza, que busca poder enviar mensajes de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
“Para el país representa una actitud de amenaza que ha tomado el presidente en su último año de Gobierno, eso es de constante amenaza contra los otros poderes públicos. Él quiere mover el electorado con una votación, esto ya ha sido denunciado y la manera con la que encuentra esto es con algo indebidamente convocado”.
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