El Gobierno nacional activó la cobertura especial de la póliza de terrorismo entre el 10 y el 12 de junio de 2025, medida anunciada tras la escalada de hechos violentos que han afectado el orden público en varios puntos del suroccidente del país.
La decisión fue comunicada a través de las redes oficiales del Ministerio de Transporte y forma parte de una estrategia para responder a la situación crítica vivida por el sector transporte.
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Durante los días mencionados, transportadores de carga y pasajeros podrán acceder a garantías especiales frente a riesgos derivados de actos violentos catalogados como terrorismo, conforme a lo establecido por la normatividad colombiana.
Esta póliza, operada por la aseguradora del Estado con apoyo del Ministerio de Transporte y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, contempla coberturas dirigidas a proteger tanto los bienes materiales como la integridad de los trabajadores del sector.
Entre los eventos que desencadenaron la implementación de esta medida, se encuentran diversos ataques contra unidades de la Policía Nacional, estaciones de vigilancia y la población civil en departamentos como Valle del Cauca y Cauca.
Estos hechos llevaron a la creación de canales directos de atención para los gremios de transporte, operadores logísticos y conductores independientes, con el fin de canalizar respuestas rápidas ante posibles afectaciones.
La póliza de terrorismo en su modalidad especial incluye indemnizaciones por daños a vehículos, pérdidas en la carga, afectaciones en infraestructura vial y lesiones personales a conductores o acompañantes.
Se busca reducir la vulnerabilidad de los actores del transporte ante un panorama de riesgo que ha escalado en determinadas zonas del país, particularmente en corredores estratégicos donde se ha reportado presencia de grupos armados.
De acuerdo con la información oficial, la implementación de estas condiciones también permite ampliar el alcance de la póliza y flexibilizar ciertos requisitos administrativos que, en condiciones normales, limitan el acceso a la cobertura.
En este caso, se aplicarán procedimientos abreviados para facilitar los trámites relacionados con reportes e indemnizaciones.
Además de la cobertura financiera, se establecieron mecanismos de coordinación entre las autoridades regionales, la Fuerza Pública y las aseguradoras con el propósito de fortalecer la seguridad vial durante este periodo.
De esta manera, se pretende asegurar el tránsito en rutas críticas mediante acompañamiento militar o policial en puntos previamente identificados como de alto riesgo.
Las medidas especiales adoptadas contemplan:
- Ampliación del alcance para vehículos de transporte de carga y pasajeros debidamente registrados.
- Priorización en la atención de reportes e incidentes relacionados con hechos violentos.
- Protección específica para mercancías afectadas por daños o pérdidas en contextos de ataques armados.
- Apoyo operativo en regiones donde persistan alteraciones de orden público.
- Coordinación entre entidades estatales para permitir movilidad controlada y segura.
Según lo establecido por la normativa vigente, los actos cubiertos bajo esta póliza deben estar calificados como terrorismo, sabotaje o rebelión. En ese marco, los asegurados podrán recibir asistencia y reclamaciones si los eventos ocurren dentro del período estipulado por el Ministerio.
La determinación de activar este respaldo financiero ocurre mientras se desarrollan operativos de seguridad y análisis por parte de organismos de inteligencia y control.
En paralelo, se han iniciado procesos judiciales para investigar los ataques perpetrados en diferentes municipios del suroccidente colombiano.
El Valle del Cauca ha sido una de las zonas más impactadas por los recientes hechos. Allí se han registrado atentados contra instalaciones policiales y confrontaciones con presencia armada, lo que generó afectaciones tanto en las operaciones logísticas como en el desplazamiento de pasajeros.
Los reportes preliminares de las autoridades locales indican que también se presentaron daños en la infraestructura vial.
Durante la vigencia de la medida, los transportadores que transiten por áreas señaladas como de riesgo contarán con acompañamiento institucional y respaldo en caso de enfrentar emergencias asociadas a violencia organizada. El Gobierno insiste en que esta herramienta busca ofrecer una respuesta efectiva a quienes mantienen en marcha la cadena logística nacional, incluso en condiciones adversas.
La estrategia contempla que los gremios del sector puedan comunicarse directamente con los puntos habilitados por el Ministerio de Transporte para notificar eventos y acceder a los beneficios estipulados. La coordinación también involucra a las autoridades regionales, encargadas de reportar y clasificar los hechos conforme a las directrices para su cobertura bajo la póliza de terrorismo.
La medida fue presentada como una acción temporal, cuyo objetivo es responder al contexto de inseguridad en regiones puntuales del país.
La activación especial se mantendrá únicamente entre el 10 y el 12 de junio, con posibilidad de evaluar su extensión o modificación dependiendo de la evolución de la situación en las zonas comprometidas.
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