
En la tarde del lunes 9 de junio nueve partidos políticos de oposición e independientes no asistieron a la reunión que convocó el Gobierno de Gustavo Petro con el fin de establecer los lineamientos de seguridad y de protección para los candidatos presidenciales ante la situación de violencia política que surgió en el país a raíz del trágico atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.
Las colectividades alegaron que hay “falta de garantías” y el Gobierno tiene “evidentes sesgos (...) contra la oposición”, por lo que le solicitaron al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, que liderara la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral “para garantizar la transparencia y seguridad” que requieren ante lo que denominaron como “hostilidad del Ejecutivo”.
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Sobre esa convocatoria, el jefe del Ministerio Público, que sí estuvo en el encuentro que citó el Gobierno en el Palacio de Nariño, respondió a esa solicitud y los conminó, además, para que acudan a la reunión que se realizará el martes 10 de junio, para continuar revisando el tema de las garantías electorales ante la nueva coyuntura de violencia.
“Esa solicitud que se nos ha hecho pública, la vamos a considerar enseguida (...) Vamos a buscar la manera de propiciar escenarios de confluencia de convergencia que nos permitan arrimarnos a algún tipo de solución que al menos comencemos a cambiarle el tono”, indicó durante su intervención.

No obstante, les insistió a los representantes de esos partidos sobre la importancia de que atiendan el llamado de la administración Petro ante la complicada situación que suscitó el atentado contra el precandidato del Centro Democrático.
“Nada ganamos con que tengamos una seguridad para quienes hacen la actividad proselitista de partido político y quienes tienen que dirimir. Al final de cuentas todas las controversias entre las ramas del poder público o entre particulares y el Estado son nuestros jueces, las Cortes y ellos también están presentes”, afirmó.

Eljach reconoció que eso agradaba “el problema” y “los costos”, pero “también la solución” por lo que insistió en que participaran en el diálogo al que los invitó el Gobierno.
“No es desarticulando, haciendo egoísmo para un lado y desechando a los otros. Todos tenemos el mismo derecho y todos tenemos la misma obligación”, afirmó.
Sobre ese llamado, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que la propuesta de los partidos políticos no tiene futuro porque constitucionalmente la mencionada comisión de garantías electorales la tiene que liderar el Gobierno nacional a través de su cartera, pero también expresó su voluntad para reunirse con los líderes de las colectividades opositoras recogieron en el informativo de televisión Noticias Caracol.
Precisamente el alto funcionario indicó que uno de los primeros compromisos que surgió de ese encuentro en Palacio era que el jefe de Estado desescalará el lenguaje agresivo en las interacciones con la oposición.

“Hay un antes y después tras el atentado. El presidente le ha bajado al tono, pero se comprometió a hacerlo aún más. Bajar el tono es no seguir con los adjetivos y bajarle a su cantidad, o suavizarlos”, afirmó Benedetti.
El registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, después de ese primer encuentro, confirmó que el cese a la hostilidad en el lenguaje era uno de los acuerdos, pero que también iba en doble vía, no solo por parte del mandatario.
“La idea es que todos los actores políticos, en general, y si se quiere, toda la ciudadanía, baje el tono del lenguaje. Entendamos que hay que ser fuertes con las ideas, pero suave con las personas. No podemos dar mal ejemplo, ni animar a las para que atropellen verbalmente a los demás. Lo primero que tenemos que hacer es moderar el lenguaje y eso tenemos que hacerlo todos. Insisto, el odio no puede tener la última palabra”, detalló.
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