
El concejal de Bogotá, Andrés Barrios, expresó su preocupación por la integridad de su familia tras recibir una llamada en la que le solicitaron la devolución inmediata del vehículo asignado a su esquema de seguridad.
Este hecho ocurrió el martes 10 de junio, poco después de que Barrios exigiera la renuncia del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, debido a presuntas deficiencias en la protección del precandidato Miguel Uribe Turbay.
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El cabildante denunció públicamente que la solicitud de devolver el vehículo coincidió con su pronunciamiento crítico hacia la gestión de la UNP.
Barrios había pedido la salida de Rodríguez tras señalar fallas en el esquema de seguridad de Uribe Turbay, quien también ha manifestado inquietudes sobre su protección en el contexto político actual.

En su cuenta de X, el concejal expresó: “Quiero hacer público que ayer luego de solicitar en medios nacionales la renuncia del Director de la Unidad Nacional de Protección mi esquema ha recibido llamadas solicitando el retorno del vehículo blindado de la Unidad”. (SIC)
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Entre líneas seguidas, el cabildante agregó, “temo por mi seguridad y la de mi familia. Responsabilizo al gobierno Petro de cualquier cosa que me ocurra a mi o a mi familia”. (SIC)
Por su parte, el vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, expresó su preocupación por la seguridad de los cabildantes y solicitó medidas concretas para protegerlos, en respuesta a las denuncias sobre presuntos malos manejos y reducción de los esquemas de seguridad por parte de la UNP desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro.
La UNP se encuentra en el centro de la controversia tras recibir acusaciones de miembros de partidos políticos de oposición, quienes señalan una disminución significativa en los dispositivos de protección asignados a figuras públicas y líderes políticos desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia.
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Es así que Juan David Quintero manifestó su “absoluto rechazo y solidaridad con Andrés”, en referencia a un concejal que habría sido víctima de un atentado. Quintero enfatizó la necesidad de que la mesa directiva del Concejo trabaje para garantizar la protección de todos los concejales de la ciudad.
“No pueden ser retirados o modificados los esquemas y mucho menos de quienes fueron actores en el lamentablemente atentado”, declaró Quintero.
Ineficiencias de la UNP en el atentado de Miguel Uribe
Un documento interno de la UNP, fechado el 16 de septiembre de 2024, advertía que “cualquier tipo de hecho que afecte la seguridad, integridad o vida del señor congresista afectaría gravemente la marca país, lo cual generaría zozobra, pánico, temor y sensación de indefensión”.
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A pesar de estas advertencias, Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, fue víctima de un atentado en la tarde del sábado, 7 de junio, durante un mitin de campaña en la localidad de Fontibón, Bogotá.

El precandidato presidencial había solicitado a la UNP un refuerzo en su esquema de seguridad, petición que la entidad no atendió. La negativa se mantuvo incluso después de que tanto la Policía Nacional como la Alcaldía de Bogotá remitieran procesos formales a favor del senador, en los que se advertía sobre el nivel de riesgo que enfrentaba el precandidato.
La Policía Nacional solicitó a la UNP que avalara el nivel de “riesgo extraordinario” para el senador, petición que quedó registrada en el expediente de la entidad. Esta solicitud de la Policía Nacional se formalizó en un documento emitido el 16 de septiembre de 2024, en el que se argumentaba la necesidad de elevar el nivel de protección para Uribe Turbay.
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El documento, junto con el folio interno de la UNP de la misma fecha, subrayaba la importancia de proteger al congresista, no solo por su seguridad personal, sino por el impacto que un ataque podría tener en la percepción nacional e internacional de Colombia.
A pesar de la existencia de estos informes y solicitudes, la UNP no implementó las medidas adicionales de seguridad requeridas. El diario El Tiempo informó que la falta de respuesta de la entidad se mantuvo incluso después de que la Alcaldía de Bogotá respaldara la petición de reforzar el esquema de protección del senador.
Las autoridades locales y nacionales coincidieron en la evaluación del riesgo, pero los procedimientos administrativos no avanzaron con la celeridad que la situación demandaba.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió mientras encabezaba un acto de campaña en Fontibón, una de las localidades de la capital colombiana. El hecho puso en evidencia las advertencias previas de las autoridades y la preocupación expresada en los documentos oficiales.
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