Tuluá seguirá con toque de queda tras traslado de máximo líder de La Inmaculada: así quedó el horario

La captura de cinco personas en Tuluá durante el miércoles 4 y jueves 5 de junio de 2025, resultado de operativos conjuntos entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía, el Ejército Nacional y la red de apoyo ciudadana, marcó un avance en la respuesta de las autoridades frente a la situación de orden público en el municipio.

Estas detenciones, que ya cuentan con medida de aseguramiento intramural, se registraron en el contexto de una serie de acciones para restablecer la seguridad local, lo que llevó a la extensión del toque de queda en la zona.

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Tras la realización de un consejo de seguridad el jueves 5 de junio, las autoridades locales y departamentales decidieron prolongar la restricción de movilidad en Tuluá. La medida, que comenzará a regir a las 9:00 p. m. del jueves y se extenderá hasta las 5:00 a. m.del viernes 6 de junio, prohíbe la libre circulación de personas tanto en el área urbana como rural del municipio. El objetivo principal es salvaguardar la integridad de los habitantes y prevenir nuevos hechos de violencia.

El secretario de Convivencia y Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, explicó que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ordenó la activación de todas las capacidades institucionales para respaldar a Tuluá. Además, se dispuso un fondo de recompensas de hasta 100 millones de pesos para quienes aporten información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de los recientes daños en el municipio. Londoño anunció la publicación de un cartel con los más buscados, incluyendo imágenes que faciliten su reconocimiento.

Por su parte, la coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, comunicó que se mantendrán los dispositivos y controles mixtos entre la Policía y el Ejército Nacional. De igual forma, las autoridades continuarán realizando requisas y aplicando medidas administrativas, además de implementar caravanas de seguridad en horarios específicos.

La coronel Rodríguez detalló que, gracias al trabajo coordinado entre las diferentes entidades, se concretaron cuatro capturas el miércoles y una más el jueves, esta última por porte y tráfico de armas de fuego y munición, tras labores de inteligencia e investigación criminal que derivaron en órdenes de allanamiento. Además, se reportaron otras dos detenciones por tráfico de estupefacientes y extorsión. La comandante destacó la importancia de la participación de la comunidad, que ha facilitado la identificación de los responsables y el avance de las investigaciones.

Así mismo, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, indicó que durante el viernes 6 de junio de 2025 se evaluarán nuevas medidas para el fin de semana, siempre con el propósito de proteger a la ciudadanía. Incluso, el directivo fue claro en que la posibilidad de extender el toque de queda dependerá de la evolución de las condiciones de seguridad y tranquilidad en el municipio. Si no se restablecen las condiciones adecuadas, la restricción podría prolongarse.

La comandante Rodríguez reiteró que los dispositivos mixtos con el Ejército Nacional permanecerán activos de manera permanente. Además, se mantendrán las requisas y la aplicación de medidas administrativas, junto con la implementación sistemática de caravanas de seguridad en horarios determinados. Estas caravanas no solo buscan reforzar la vigilancia, sino también servir como punto de contacto para que los ciudadanos puedan aportar información relevante a las autoridades.

Y es que la situación en Tuluá ha llevado a las autoridades a tomar medidas excepcionales, como la restricción de la movilidad nocturna y el despliegue de fuerzas conjuntas, con el fin de garantizar la seguridad de los habitantes. La coordinación entre la Gobernación del Valle, la Alcaldía, la Policía y el Ejército Nacional se presenta como un factor clave en la respuesta institucional frente a los recientes hechos de violencia y alteración del orden público.

De igual manera, es importante mencionar que el fondo de recompensas de hasta 100 millones de pesos busca incentivar la denuncia y la colaboración de la comunidad, mientras que la publicación del cartel de los más buscados pretende facilitar la identificación de los responsables.