
Durante la Convención Bancaria número 59 celebrada en Cartagena, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió sobre los riesgos fiscales y económicos que enfrenta Colombia, destacando inconsistencias en la gestión tributaria de la Dian y alertando sobre el impacto de medidas recientes en el recaudo proyectado.
Según informó la Contraloría, se detectaron fallas en el control tributario y aduanero, operaciones sospechosas relacionadas con criptomonedas y empresas no reguladas, así como problemas en la trazabilidad de grandes contribuyentes.
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“Inconsistencias significativas en las declaraciones tributarias y aduaneras, operaciones sospechosas vinculadas con empresas no reguladas y con criptomonedas, y deficiencias en la trazabilidad de los grandes contribuyentes del Estado”, dijo el contralor durante su intervención en la convención de Asobancaria.
Estos hallazgos, derivados de un análisis exhaustivo de bases de datos y millones de registros, están en proceso de verificación y consolidación.
El contralor enfatizó que estas irregularidades representan un desafío crítico para la sostenibilidad fiscal del país. Según detalló, la meta de recaudo tributario planteada en el Presupuesto General de la Nación 2025, que proyecta un crecimiento del 22,5% en los ingresos tributarios frente a un crecimiento nominal de la economía del 6%, requiere que la Dian recaude cerca de 40 billones de pesos adicionales.
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En cuanto a los avances en la revisión de la Dian, el contralor reveló que se han identificado inconsistencias significativas en declaraciones tributarias y aduaneras, así como transacciones sospechosas vinculadas a empresas no reguladas y criptomonedas.
Estos hallazgos, obtenidos mediante cruces masivos de información tributaria y aduanera, evidencian vacíos que facilitan prácticas de evasión y elusión fiscal. La Contraloría destacó que es fundamental tomar medidas concretas para cerrar estas brechas y fortalecer la eficiencia del sistema tributario.
“Estos insumos son el producto de la revisión de las bases de datos de la entidad y el cruce de millones de registros tributarios y aduaneros, los cuales se encuentran en proceso de verificación y consolidación”, agregó.
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Rodríguez Becerra calificó esta meta como ambiciosa y advirtió que será difícil de alcanzar sin una mejora sustancial en la gestión de cobro y en la lucha contra la evasión y elusión fiscal.
De acuerdo con la Contraloría, la situación fiscal del país se agrava por un gasto público elevado, una alta rigidez presupuestal y una creciente deuda.
A esto se suma una ejecución presupuestal lenta: hasta el 31 de mayo, el Gobierno había ejecutado sólo el 30,5% del presupuesto, mientras que el rubro de inversión alcanzaba apenas el 19,3%.
Rodríguez Becerra subrayó la necesidad de fortalecer el seguimiento y control del gasto para dinamizar la economía y atender de manera más eficiente las necesidades sociales.
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Otro punto crítico abordado por el contralor fue el Decreto 0572 de 2025, que adelanta el cobro de la retención en la fuente. Aunque esta medida podría incrementar el recaudo tributario en 2025, Rodríguez Becerra alertó que podría tener un efecto negativo en el presupuesto de 2026 si no se considera adecuadamente su impacto.
Según explicó el contralor, este ajuste podría generar desbalances similares a los registrados en las vigencias de 2023 y 2024. Por esa razón, insistió en la importancia de evaluar cuidadosamente estas medidas al formular el Marco Fiscal de Mediano Plazo y al elaborar el Presupuesto General de la Nación para 2026.
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Durante su intervención, Rodríguez Becerra también anunció la implementación de un sistema de monitoreo de alertas sobre la contratación nacional, con un enfoque especial en los convenios interadministrativos y contratos entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales.
Este sistema, gestionado a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), busca garantizar que los recursos públicos no sean desviados para financiar campañas políticas, especialmente en el contexto preelectoral.
El contralor concluyó su intervención enfatizando en la necesidad de una acción coordinada entre el Ejecutivo, la Dian y los órganos de control para enfrentar los desafíos fiscales y económicos del país. Según consignó, la sostenibilidad financiera del Estado depende no solo de asegurar los recursos necesarios, sino de garantizar su uso eficiente y transparente.
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