Protesta en el Valle de Aburrá exige el retiro de dos peajes instalados hace más de veinte años

La tensión por los peajes El Trapiche y El Cabildo, ubicados en el norte del Valle de Aburrá, volvió a estallar el miércoles 4 de junio con una movilización que paralizó parcialmente la movilidad en la autopista Norte. Aunque no es la primera vez que se exige su retiro, esta jornada tuvo un eco particular, el llamado a que, después de más de dos décadas, se reevalúe la permanencia de estos puntos de cobro que, según los manifestantes, ya cumplieron su propósito.

Desde las 8:30 a. m., integrantes del comité No más peajes se concentraron en la sede de Comfama de Girardota y marcharon hasta el peaje El Trapiche, en Barbosa. Su objetivo, explicaron, es lograr que el Gobierno nacional y el departamental escuchen un reclamo que consideran justo, desmontar o trasladar los peajes que, a su juicio, son una carga desproporcionada para los habitantes de esta zona del área metropolitana.

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Las cifras respaldan parte del malestar. La tarifa para vehículos particulares en El Trapiche, por ejemplo, es de $19.100. Hace apenas cuatro años era de $11.000, lo que significa un aumento del 74%. Pero más allá del monto, el argumento central del comité organizador es que la ciudadanía ya pagó la infraestructura vial que dio origen a esos peajes, tanto por esa vía como por la contribución de valorización. “Llevamos más de 21 años pagando. Es hora de que levanten estas talanqueras”, expresó una de las voceras del movimiento.

La molestia no es nueva ni improvisada. En múltiples ocasiones, comunidades de Barbosa, Girardota y Copacabana elevaron su voz en rechazo a lo que califican como un cobro injusto y discriminatorio. La razón es que, muchos de los habitantes deben cruzar los peajes a diario para ir al trabajo, al colegio o al médico. “Estamos pagando para movernos dentro de nuestro propio territorio”, reclamó otro manifestante durante la caminata.

A comienzos de 2025, los alcaldes de los tres municipios más afectados conformaron una mesa de trabajo conjunta para tratar de abrir un diálogo con las autoridades departamentales y nacionales. Su postura es clara, reconocen la importancia del desarrollo vial, pero piden que no se siga cargando únicamente sobre sus comunidades. “Llevamos años financiando el crecimiento vial del departamento, pero no vemos la misma reciprocidad en términos de inversión o trato justo”, dijo uno de los mandatarios locales.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a la protesta con tono crítico. A través de su cuenta en X, rechazó los bloqueos y pidió la intervención de la Policía: “Entre 5 y 6 personas con una pancarta afectan la vida de miles de antioqueños trabajadores que en este momento esperan llegar a su destino, de los niños que van rumbo al colegio, de los profesionales en salud. Los derechos de unos cuantos no están por encima de los del resto. Es un absurdo”.

Rendón también hizo un llamado a los manifestantes a dejar las vías de hecho y agotar los canales institucionales para resolver sus inquietudes. “Están equivocados en usar las vías de hecho”, señaló, en referencia a los bloqueos parciales que se presentaron durante el trayecto de la manifestación.

Desde el comité organizador, sin embargo, insisten en que estas acciones son la única forma de presionar decisiones concretas y sostenibles. Aunque reconocen que la marcha afectó la movilidad en algunos tramos, afirman que la intención es unir a la ciudadanía, a las autoridades locales y a los sectores productivos de la región para lograr una salida definitiva, legítima y equilibrada al problema.

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