En la noche del martes 3 de junio el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que por decreto convocaría a la consulta popular, con la que espera refrendar la reforma laboral que le archivaron en el Legislativo en marzo, lo que provocó una tormenta política porque su iniciativa también se hundió en el Congreso a mediados de mayo y al insistir en ella, con nuevas cuatro preguntas sobre el sistema de Salud, estaría trasgrediendo la separación de poderes.
Según el mandatario, en el Senado incurrieron en vicios de tramite cuando se llevó a cabo la votación con la que le negaron que en el país se llevara a cabo ese mecanismo de participación ciudadana, por lo que justificó de esa manera su decisión.
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“Por eso voy a decretar la consulta popular. La Corte Constitucional decidirá indudablemente. Puede, o no, decidir, de acuerdo con las normas existentes. ¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República, hicieron trampa. Y ojalá la Corte Constitucional de hoy nos ayude a reconstruir el concepto de Estado Social de Derecho”, aseveró durante una alocución presidencial televisada.
Luego del anuncio, ocho partidos políticos emitieron un comunicado con el que señalaron que la decisión del mandatario era un “golpe de Estado” por que pasaba por encima de lo que ya se había determinado en el Congreso.
“La consulta popular vía decreto, desconociendo la decisión del Senado, es un golpe de Estado. Los partidos políticos: Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASÍ rechazamos esta acción unilateral e inconstitucional por parte del Gobierno Petro”, encabezaron la misiva que publicaron la misma noche del martes.
Adicionalmente hicieron un llamado a los entes de control, como a los altos tribunales, para que hicieran la revisión de la orden presidencial y analizaran si se ajusta la normativa de la carta magna que rige al país.
“Instamos a las instituciones competentes —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales— para que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”, conminaron.
Los mismo le solicitaron a Hernán Penagos Giraldo, que encabeza a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tendría que liderar y garantizar que se lleve a cabo ese proceso de participación ciudadana.
“En caso de que se expida un decreto convocando una consulta popular, confiamos en que el señor Registrador Nacional, en ejercicio de su autonomía e independencia funcional, actuará con pleno respeto por el orden constitucional y democrático, valorando cuidadosamente la legalidad y legitimidad de dicho acto antes de disponer la fijación de cualquier calendario electoral”, reitararon.
Agregaron que Penagos “debe verificar el cumplimiento de los requisitos y procedimientos legales establecidos antes de tomar cualquier decisión” sobre la consulta popular e insistieron que el país está al borde de una crisis institucional por cuenta de lo que sería la intransigencia presidencial.
“Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”, aseguraron.
Agregaron que se trata de una decisión democrática que debía respetar el presidente, y que si él persistía en imponerla por decreto se violaría lo “dispuesto por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que rechazó una demanda contra el archivo de la Consulta en el Senado” y recordaron que esa “determinación se configuró como un ‘acto definitivo’ del Congreso” que ratificaba la Rama Judicial como legítima y autónoma.
“Reiteramos nuestro respaldo y respeto incondicional a las Cortes y demás ramas del poder público para que actúen con independencia y determinación frente a esta imposición unilateral que excede las funciones y competencias constitucionales del Gobierno. Igualmente, hacemos un llamado a la ciudadanía para rodear a las instituciones y proteger nuestra Constitución”, expresaron en el comunicado.
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