Ómar Hernández, pieza central en la investigación sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro con dineros de la captadora ilegal Daily Cop, abandonó recientemente el país debido a amenazas contra su vida y la ausencia de medidas de protección por parte de las autoridades.
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Hernández es considerado uno de los principales colaboradores judiciales en el expediente relacionado con Daily Cop, una estructura que, bajo el modelo de captación de recursos mediante criptomonedas, habría hecho aportes en especie a la campaña presidencial del actual jefe de Estado.
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Según las indagaciones en curso, uno de esos aportes habría sido la entrega de una aeronave modelo Super King 300, adquirida a través de una empresa fachada.
El testigo, que estuvo detenido y fue liberado por vencimiento de términos, había revelado a las autoridades detalles sobre la implementación de un sistema de blockchain (base de datos digital) para Daily Cop.
Este sistema habría permitido ocultar transacciones con altos niveles de anonimato, dificultando el rastreo de los dineros involucrados.
Su testimonio ha sido relevante para conectar los mecanismos digitales utilizados por la captadora con presuntas prácticas de financiación no reportada en campañas políticas.
El abogado renunció
A pesar del valor probatorio de su colaboración, Hernández no recibió respaldo institucional suficiente para su protección. Desde hace meses enfrentaba amenazas, persecuciones y, según su defensa, incluso un atentado en Medellín. Las condiciones de riesgo se agudizaron recientemente cuando su abogado, Víctor Muñoz, también fue víctima de un ataque violento. El jurista resultó lesionado y renunció a la defensa del caso, alegando falta total de garantías para ejercer su labor.
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Con la salida del país de Hernández y la desvinculación de su abogado, el proceso quedó en manos de la Defensoría Pública, mientras avanza la etapa preparatoria del juicio oral. Aunque en algún momento se había avanzado en una posible negociación con la Fiscalía bajo la figura del principio de oportunidad, esta no se concretó. Según fuentes cercanas al proceso, habría existido presión política para evitar ese acuerdo, lo que estancó los trámites y obligó a continuar con el juicio.
El caso Daily Cop forma parte de una macroinvestigación relacionada con esquemas ilegales de captación masiva de dinero mediante criptoactivos en Colombia. Diversos indicios apuntan a que esa estructura criminal logró infiltrar circuitos legales y alcanzar esferas de poder, incluyendo campañas políticas. El testimonio de Hernández representaba, hasta el momento, uno de los pocos hilos disponibles para desenredar esta red de presuntas irregularidades y establecer conexiones concretas con actores institucionales.
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Por ahora, se desconoce el paradero exacto del testigo, quien habría perdido contacto incluso con su defensa antes de salir del país. Su reaparición en el proceso es incierta, y la posibilidad de que vuelva al territorio colombiano luce improbable ante los riesgos a su seguridad. Mientras tanto, la investigación continúa sin nuevos avances públicos sobre las amenazas contra él y su exabogado, ni sobre las consecuencias legales que podrían derivarse para los señalados en sus declaraciones.
El caso ha sido remitido también a instancias como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se evalúan las implicaciones políticas y jurídicas de los hechos denunciados. Se espera que este órgano, con competencia para investigar al Presidente de la República, dé curso a las diligencias preliminares para determinar si existen méritos suficientes para abrir un proceso formal.
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La situación refleja una paradoja común en Colombia: testigos clave en casos de corrupción o criminalidad de alto impacto terminan sin respaldo efectivo del Estado, lo que compromete la capacidad de la justicia para llegar al fondo de los hechos.
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