Órganos de control de Colombia respaldaron a la fiscal Luz Adriana Camargo tras orden de captura emitida en Guatemala: “Es retaliación”

Los principales órganos de control de Colombia expresaron su respaldo a la fiscal general Luz Adriana Camargo, luego de que José Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), ordenara el lunes 2 de junio de 2025 emitiera una orden de captura en su contra.

El pronunciamiento estuvo firmado por la Auditoría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Las entidades manifestaron su profunda preocupación frente a la decisión de Guatemala. Indicaron que la orden de detención “se profiere por la investigación que la fiscal Camargo ha hecho en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que es aceptada internacionalmente como un referente para la lucha contra la corrupción y la impunidad en América Latina”.

Según el comunicado, Luz Adriana Camargo ha sido reconocida “por su integridad, transparencia y honestidad, que la ha hecho merecedora de distintos reconocimientos públicos durante su servicio en la Fiscalía entre los años 2014 y 2017”.

Además, resaltaron que su ejercicio profesional se ha caracterizado por la defensa de valores democráticos y el compromiso con la sociedad.

La reacción de los órganos de control incluye el rechazo a la medida judicial tomada en Guatemala. “Rechazamos contundentemente la detención contra la fiscal Luz Adriana Camargo, como el excomisionado Iván Velásquez… con un impecable ejercicio en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, señala el documento.

Las autoridades colombianas consideran que tanto Camargo como Velásquez han sido objeto de represalias por su trabajo conjunto con la Cicig, una institución destacada por combatir la corrupción en la región. La declaración solicita que se respete el debido proceso e insistió en la importancia de defender los derechos y garantías legales.

Finalmente, los firmantes reiteraron su “compromiso con la justicia, la igualdad y el derecho de todos a la defensa, velando por los principios constitucionales y el Estado de Derecho tanto en Colombia como en Latinoamérica”. Este respaldo llega en momentos de tensión para la fiscal, quien lidera investigaciones sensibles en Colombia.

Gustavo Petro se pronunció

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció en su cuenta de X. El mandatario comparó a la Fiscalía de Guatemala con la administración del exfiscal Francisco Barbosa, que, según él, “obedecen al crimen y no a las ciudadanías”.

“La fiscalía de Guatemala como la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías (SIC)”, aseveró el jefe de Estado.

Según el jefe de Estado, “las multinacionales del narcotráfico” presuntamente quieren tomarse los poderes judiciales. Gustavo Petro aseguró que los crímenes cometidos contra Latinoamérica debe ser investigados por la justicia penal.

“Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos. Los crímenes cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer”, aseveró el presidente Petro.

El mandatario colombiano culminó su pronunciamiento invitando a los “abogados independientes” con el propósito de redactar una causa penal contra las multinacionales que señaló el presidente Petro.

“Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional”, puntualizó Gustavo Petro.

El pronunciamiento del jefe de Estado se da en respuesta al comunicado del Gobierno de Guatemala, que rechazó las órdenes de captura contra Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual embajador de Colombia en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación del país.