Denuncian a Óscar Monsalve y Luis Guillermo Villegas, testigos en el juicio contra Álvaro Uribe, por falso testimonio

El 3 de junio de 2025, se presentó ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal formal contra Óscar Monsalve Correa y Luis Guillermo Villegas, testigos en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, señalando su presunta participación en los delitos de falso testimonio y fraude procesal.

De acuerdo con el comunicado, Miguel Ángel Del Río, ellas Iván Cepeda y Reinaldo Villalba Vargas, presentaron la denuncia luego de la revisión de grabaciones y declaraciones en procesos oficiales donde ambos testigos habrían incurrido en actuaciones contrarias a la ley.

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“De las grabaciones conocidas e inicialmente aportadas ante la Fiscalía General de la Nación, en cuanto a los señores Óscar Monsalve Correa y Luis Guillermo Villegas Boscan se tienen posibles delitos de fraude procesal y falso testimonio, con ocasión de sus declaraciones a las autoridades en desarrollo del proceso sobre el testigo Monsalve”, precisó el comunicado de Miguel del Ángel del Río, que fue compartido por el senador Iván Cepeda.

El comunicado explica que existen registros de conversaciones entre Luis Guillermo Villegas y Monsalve, que aparece como testigo clave en diversas diligencias judiciales. Estas interacciones quedaron documentadas en video y audio durante intercambios ocurridos el 6 y el 21 de abril de 2018 en cárceles de Medellín, precisó el abogado.

Según el documento, los registros indicarían la posible comisión “de delitos de testimonio, soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal”.

Además, resaltan que “estas conductas fueron puestas en conocimiento de la opinión pública el 15 de agosto de 2020”, y han sido difundidas por medios de comunicación en diferentes formatos.

Frente a estas acusaciones, la denuncia consideran fundamental que la investigación avance y que los responsables reciban las consecuencias legales correspondientes.

“Dadas las circunstancias mencionadas y que esas declaraciones e intervenciones constituyen parte fundamental del proceso conocido como ‘caso Uribe’, en el día de 3 de junio de 2025, hemos presentado ante la Fiscalía General de la Nación denuncia penal formal contra los señores Óscar Monsalve Correa y Luis Guillermo Villegas Boscan, dirigida a que se realicen las investigaciones pertinentes, y a que se sancione a los responsables con las consecuencias legales a que haya lugar”, precisó el comunicado.

El documento también señaló la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad en torno al desarrollo de la denuncia.

Asimismo, se comprometen a “seguir informando acerca de los avances en esta denuncia y sus implicaciones en los procesos judiciales en curso y futuros, así como sobre el desarrollo de los procedimientos disciplinarios y penales respecto de las irregularidades cometidas por ciertos funcionarios judiciales y de policía que participaron en distintas formas, en el desarrollo de los hechos denunciados”.

Asimismo, la declaración enfatiza la necesidad de que la Fiscalía actúe de manera imparcial y sin dilaciones en la investigación, dada la gravedad de los hechos atribuidos.

Insisten en que “la Fiscalía General de la Nación actúe con total imparcialidad y celeridad para que el proceso judicial avance sin dilaciones y bajo un pleno respeto de las garantías de las partes, de las presuntas víctimas y de la sociedad colombiana, que espera resultados concretos frente a la gravedad de los hechos aquí denunciados”.

Sobre las consecuencias institucionales, quienes formularon la denuncia argumentan que las actuaciones de los señores Monsalve y Villegas ponen en cuestión la credibilidad del sistema judicial.

Advierten que “las conductas del señor Óscar Monsalve Correa y Luis Guillermo Villegas Boscan no solamente hacen frágil la credibilidad del sistema de justicia y de los llamados a testificar, sino que exponen la necesidad de hacerle frente y sancionar el intento de obstrucción a la justicia y los hechos que interfieren gravemente en el accionar […] de la administración de justicia”.