Demolieron un ecoparque ilegal en San Cristóbal, Medellín: desviaba el cauce de la quebrada La Hueso para crear piscinas y cobrar por su uso

La quebrada La Hueso, en el corregimiento de San Cristóbal de Medellín, ha sido escenario de una grave intervención ilegal que terminó en la demolición de un ecoparque construido de manera irregular.

Este espacio, que operaba bajo el supuesto de ser un atractivo turístico natural, desviaba el cauce del afluente para crear piscinas y cobrar por su uso.

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Tal como lo reportó la Alcaldía de Medellín, esta situación representaba un evidente daño ambiental y amenazas de riesgo para las comunidades cercanas.

Según explicó la administración distrital, el área afectada por las construcciones se identifica como una zona de alto riesgo debido a la posibilidad de inundaciones y movimientos en masa. Un dictamen emitido por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) confirmó que las modificaciones realizadas en el terreno no contaban con los estudios técnicos requeridos y advertían peligros significativos aguas abajo. La Alcaldía indicó que “ese es un sitio de alto riesgo para ocupantes y las comunidades aguas abajo”, subrayando la gravedad de las afectaciones.

Este caso llegó a instancias judiciales, y fue el Juzgado 36 Administrativo Oral del Circuito de Medellín el que ordenó la demolición de las estructuras ilegales levantadas en el lecho de la quebrada. La decisión, ejecutada por la administración municipal, se fundamentó en la identificación de múltiples irregularidades. Entre ellas, destacan tres piscinas de concreto construidas dentro del cauce, acompañadas de un sistema de compuertas diseñado para retener el agua y comercializar la experiencia como piscinas “naturales”, de acuerdo con lo informado por Corantioquia durante una inspección realizada el 11 de septiembre de 2024.

El historial de incumplimientos por parte de los responsables del ecoparque es extenso. Una primera inspección en octubre de 2023 ya había advertido sobre estas instalaciones ilegales y las implicaciones ambientales de las mismas. Sin embargo, según afirmó la Alcaldía, los responsables “hicieron caso omiso a las recomendaciones de los expertos” y continuaron ampliando las intervenciones. En el informe también se constató la construcción de una cuarta piscina aguas arriba, lo que agravó la modificación del tramo original del afluente.

Además de las piscinas, se construyeron diversas edificaciones ubicadas en la margen izquierda de la quebrada, justo sobre la franja de protección del afluente. Estas acciones incrementaron aún más los riesgos para el entorno natural y para los habitantes de la zona. La Alcaldía señaló que, a pesar de existir un proceso sancionatorio vigente, estos trabajos ilegales continuaron de manera deliberada.

La demolición llevada a cabo el pasado viernes contó con la participación de varias dependencias municipales y con el acompañamiento de agentes de la Policía. El desmantelamiento de las estructuras marcó el final de un ciclo de intervenciones ilegales que durante meses dañaron uno de los recursos hídricos fundamentales de la comunidad. Según destacaron las autoridades locales, el caso es una muestra de los desafíos a los que se enfrentan para prevenir la degradación ambiental en áreas urbanas afectadas por intervenciones no autorizadas.

La operación ilegal en La Hueso no solo puso en riesgo a los habitantes aguas abajo, sino que también impactó severamente un ecosistema ya vulnerable. Según las inspecciones, el sistema de compuertas y piscinas afectó directamente el flujo natural de la quebrada, comprometiendo su capacidad para drenar y atender posibles crecientes durante temporadas de lluvias intensas. “Evidentemente se modificó un tramo del afluente, lo que arroja riesgos para quienes viven aguas abajo de la quebrada”, reiteró la Alcaldía.

Al cierre del operativo de demolición, las autoridades locales enfatizaron su compromiso de continuar vigilando zonas sensibles y actuando contra intervenciones urbanísticas que infrinjan las normativas ambientales.

Este caso ha generado un llamado sobre la importancia de proteger los recursos naturales y garantizar que cualquier uso que se haga de ellos esté enmarcado dentro de la legalidad y acompañado de estudios técnicos adecuados.