Indígenas continúan con bloqueo indefinido en vías clave de Risaralda: hay tensiones por presuntos cobros ilegales

Representantes de la minga indígena de Caldas y Risaralda se movilizan hacia Bogotá tras interponer una acción de tutela contra el Ministerio del Interior.

La solicitud busca el reconocimiento oficial de las siete comunidades originarias de esta región, afectadas por la falta de avances en los diálogos con el Gobierno nacional. Así lo informó Jhon Edison Cardona, secretario general de la Organización Regional Indígena de Caldas.

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Cardona señaló que el proceso de diálogo con el Ministerio del Interior ha estado marcado por la ausencia de acuerdos concretos y la falta de concertación efectiva.

Por ello, con el acompañamiento de la Personería de Viterbo, presentaron una tutela para exigir la atención estatal. “Viajamos a Bogotá para exigir un espacio de reunión en la sede ministerial que permita socializar nuestra situación y llegar a conclusiones claras, dado que actualmente hay una controversia sin resolver”, afirmó.

Bloqueo de comunidad indígena en sector de Remolinos

En paralelo a esta gestión jurídica, la minga mantiene un bloqueo indefinido en el sector de Remolinos, sobre la Troncal de Occidente, vía que conecta el Eje Cafetero con Antioquia y el Valle del Cauca. Esta acción sería una medida de presión para visibilizar sus demandas, que incluyen el reconocimiento territorial y avances en adjudicación de tierras.

Sobre este último punto, una comitiva nacional visitó recientemente las comunidades para informar sobre el avance del proceso de asignación de predios.

Según Cardona, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reportó progresos en la adjudicación voluntaria de tierras, y la Unidad Nacional de Víctimas acompañó las reuniones. “Los acuerdos que se han logrado son positivos, pero aún quedan temas por resolver”, agregó.

El bloqueo en Remolinos ha generado un impacto significativo en el transporte de carga en la región. Según la Asociación de Transportadores de Colombia (Colfecar), las pérdidas económicas por los dos días de paro nacional alcanzan los $12.000 millones a nivel nacional. En Caldas, el sector más afectado es precisamente el de Remolinos, donde el bloqueo es total.

Alex López, presidente de la Asociación de Transportadores en Caldas, explicó que la paralización ha retrasado la entrega de mercancías, incluyendo alimentos, lo que genera costos adicionales. “Tenemos compañeros que permanecen detenidos durante horas en el bloqueo sobre la Troncal de Occidente”, señaló.

Aunque la situación representa un golpe para el gremio, López enfatizó comprensión hacia las protestas indígenas. “Nosotros también hemos participado en movilizaciones similares; entendemos que sin unidad social no habrá justicia para el pueblo”, afirmó.

El líder del gremio espera que el paro nacional finalice el próximo 30 de mayo para retomar la normalidad en las rutas y cumplir con las entregas comprometidas. Mientras tanto, la minga mantiene firme su posición y continúa la espera de una respuesta oficial por parte del Ministerio del Interior.

Indígenas vinculados a bloqueo en sector de Remolinos estarían<i> </i>cobrando peajes ilegales

De acuerdo con denuncias conocidas por medios locales, personas detenidas en los bloqueos indicaron que se les habría exigido dinero, entre $20.000 y $50.000, bajo el argumento de “colaborar para el fresco” para poder continuar su viaje. Esta situación fue rechazada por los afectados, quienes habrían presentado la denuncia ante las autoridades.

Asimismo, testigos citados por El Informador de Occidente confirmaron que conductores de un bus de servicio público y un camión de carga fueron obligados a atravesar sus vehículos sobre la vía para aumentar la presión y obstaculizar por completo el paso.

Los residentes locales señalaron que los bloqueos, que pueden durar más de tres horas, les impiden cumplir con compromisos médicos y dificultan la conexión entre municipios.

Por su parte, el alcalde de Belén de Umbría, John Fredy Montes, advirtió que las interrupciones están afectando gravemente la economía local, especialmente en la movilización de productos agrícolas y exigió que se investiguen los presuntos cobros ilegales por parte de los manifestantes.