Una línea reciente de investigación ha puesto en tela de juicio el suicidio del teniente coronel Óscar Dávila Torres, atribuido inicialmente a un disparo autoinfligido el 9 de junio de 2023 en Teusaquillo, Bogotá.
Según nuevos datos divulgados por Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación identificó posibles alteraciones en las pruebas forenses por parte de personal de Medicina Legal, lo que genera dudas sobre las conclusiones preliminares del caso.
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En particular, la Fiscalía investiga el acceso no autorizado al sistema informático del Instituto Nacional de Medicina Legal por parte de once funcionarios y exfuncionarios, uno de los cuales, según el medio, usó credenciales activas a pesar de haber dejado de trabajar en la institución.
Este acceso irregular habría comprometido la cadena de custodia de pruebas clave. “Estos elementos fueron determinantes para respaldar la hipótesis inicial del suicidio”, afirmó Caracol Radio, haciendo referencia a residuos de pólvora, marcas de ahumamiento y patrones de salpicadura de sangre, entre otros indicios.
El impacto de estas revelaciones no se limita al ámbito penal. La Comisión de Disciplina Judicial ha abierto una investigación contra diez funcionarios de Medicina Legal acusados de ingresar irregularmente al expediente.
De acuerdo con el magistrado David Dalberto Daza, quien lleva el caso, “solo doce de los veintitrés accesos al expediente tenían fundamento legal”, mientras el resto, aseguró, incluyó incluso a empleados que actuaron por pura curiosidad.
En ese momento, el coronel estaba bajo investigación por supuestas interceptaciones y abusos de poder relacionados con Laura Sarabia, exjefa de gabinete de la presidencia de Gustavo Petro.
Se le vinculó específicamente con la vigilancia de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, en el marco de un caso rodeado de controversias sobre un presunto robo de dinero y documentos secretos desde la residencia de la funcionaria.
A solo días de su muerte, Dávila había expresado su disposición a colaborar con la Fiscalía. En una carta enviada el 2 de junio de 2023 al entonces fiscal general Francisco Barbosa, señaló: “Reitero mi interés en contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación. Estoy disponible para entrevista y/o interrogatorio”. Llamativamente, el domicilio indicado en esa misiva coincidía con el lugar donde fue encontrado muerto.
Inicialmente, el informe forense respaldó la hipótesis del suicidio. Según detalló en su momento la vicefiscal general y el director del CTI, el coronel falleció por un disparo realizado con el arma de su conductor dentro de un vehículo oficial.
Sin embargo, debido a la posible alteración de las pruebas, estas conclusiones han sido cuestionadas. Semana, que también abordó el caso, destacó que los empleados de Medicina Legal podrían enfrentar cargos de falsedad en documento público, fraude procesal y manipulación de pruebas.
La figura de Dávila ha generado un notable interés por las responsabilidades asociadas a su rango. Como coordinador de seguridad anticipativa en la Casa de Nariño, estaba directamente vinculado a la protección presidencial.
Además, había dirigido operaciones sensibles contra el crimen organizado, entre ellas la persecución del Clan del Golfo, lo que lo situaba en un contexto de alta exposición.
Los investigadores han centrado su atención en un exfuncionario cuyos datos de ingreso permanecieron activos tras concluir su relación laboral, permitiéndole acceder al sistema del caso del coronel.
Esto se considera un hecho grave, especialmente porque las posibles manipulaciones abarcaron pruebas críticas como la absorción atómica y los fragmentos de plomo localizados en la escena, según informó Caracol Radio.
La relevancia del caso también radica en las posibles implicaciones legales para otros altos mandos y funcionarios cercanos al coronel.
La Fiscalía ha señalado irregularidades en cómo las interceptaciones de las trabajadoras domésticas fueron justificadas, señalando supuestos vínculos con un peligroso narcotraficante, información que resultó no ser veraz.
Este giro en el caso ha colocado nuevamente la muerte del coronel Dávila Torres en el centro de la atención mediática y judicial.
Aunque la Fiscalía aseguró estar reexaminando las pruebas, también subrayó la necesidad de esclarecer si las alteraciones detectadas afectaron las conclusiones iniciales.
Estas son las personas a investigar:
- Domingo Enrique Pérez Tovar.
- Jorge Alfonso Casas Martínez.
- Beatriz Eugenia Visbal Mora.
- Natasha Ariza Bello.
- Yuliet Alexandra Sánchez Rodríguez.
- Mónica Ivonne Garzón Pineda.
- Alejandro Salamanca Fonseca.
- Álvaro García Cardozo.
- Francisco José Calle Rúa.
- Diego Fernando Urbano Reyes.
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