Doce personas fueron capturadas en Cartagena tras un operativo que desmanteló una red de explotación sexual que operaba bajo la fachada de spas en zonas turísticas como el centro histórico, Manga, El Laguito, Crespo y Bocagrande.
Estas personas enfrentan cargos por trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución. Las audiencias preliminares aún están en curso, y los nombres de los implicados no fueron revelados.
El operativo, llevado a cabo entre el 21 y 22 de mayo por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, contó con el apoyo de la Secretaría del Interior de la Alcaldía Mayor de Cartagena.
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Entre los detenidos se encuentran dos hermanos reconocidos como empresarios locales, un ciudadano extranjero, miembros de la comunidad Lgtbiq+ y varias mujeres. Una de las detenidas tuvo que ser hospitalizada debido a problemas de salud, lo que ha retrasado la finalización de las audiencias.
De acuerdo con las investigaciones, la red utilizaba spas como fachada para reclutar mujeres, principalmente refugiadas venezolanas y jóvenes de barrios vulnerables de Cartagena.
Estas mujeres eran inicialmente capacitadas como masajistas, pero posteriormente eran inducidas a ofrecer servicios sexuales. Los servicios eran promocionados a través de redes sociales mediante perfiles que simulaban ser agencias turísticas o centros de masajes corporales.
Uno de los spas investigados ofrecía un catálogo de servicios dirigido a turistas nacionales e internacionales. Según el catálogo, publicado por el medio El Universal y traducido a inglés, mostraba imágenes de las instalaciones y de jóvenes uniformadas realizando masajes corporales.
Los precios por hora de los servicios oscilaban entre 250.000 y 600.000 pesos (aproximadamente entre 60 y 160 dólares), dependiendo del tipo de paquete. Algunos incluían masajistas desnudas o en lencería, contacto corporal o únicamente masajes, y todos ofrecían lo que denominaban un “final feliz”, que consistía en estimulación manual.
Las autoridades han advertido que otros spas en la ciudad podrían estar involucrados en actividades similares, mostrando un catálogo público diferente al que ofrecen dentro de sus instalaciones. Las investigaciones incluyen videos de cámaras de seguridad y testimonios de víctimas, y buscan determinar el alcance de esta red y posibles vínculos con otros establecimientos.
En paralelo, se conoció que en los últimos meses Cartagena inadmitió a 23 ciudadanos extranjeros con antecedentes por delitos sexuales, como pederastia, agresión sexual contra mujeres y explotación sexual infantil. Esta detección fue posible gracias a la base de datos Ángel Watch, una herramienta del gobierno de Estados Unidos que rastrea a personas investigadas o condenadas por este tipo de crímenes.
Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el alcance de esta red de explotación sexual y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.
Cómo denunciar explotación sexual en Colombia
En el país, la explotación sexual puede denunciarse a través de diversas vías oficiales que garantizan la protección de las víctimas y la confidencialidad del denunciante. Entre las principales opciones están la línea gratuita contra la trata de personas (01 8000 52 20 20), la Fiscalía General de la Nación (línea 122), la Policía Nacional (línea 123) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (línea 141), que atiende especialmente casos de niños, niñas y adolescentes.
Además, existen plataformas digitales como LibertApp, una aplicación móvil diseñada por Migración Colombia que permite denunciar casos de trata y solicitar ayuda inmediata con un botón de pánico que envía la ubicación en tiempo real a las autoridades.
También es posible acudir presencialmente a entidades como la Fiscalía, que cuenta con Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas), la Policía Nacional, las Comisarías de Familia y la Defensoría del Pueblo, que ofrecen apoyo legal y psicológico.
En ciudades como Bogotá, funcionan plataformas específicas como RedActiva para facilitar la denuncia de casos locales. Se recomienda recopilar evidencia y buscar apoyo emocional, ya que las autoridades y organizaciones especializadas están capacitadas para brindar asistencia durante el proceso. La participación activa de la ciudadanía es clave para combatir y erradicar la explotación sexual en el país.
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