El caso del coronel Óscar Dávila, cuyo fallecimiento fue calificado oficialmente como un suicidio en julio de 2023, dio un nuevo giro. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación formal contra 10 funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por presunto acceso irregular a los informes técnicos que respaldaron la causa de muerte.
Dávila, que trabajaba como coordinador de inteligencia en una oficina del piso 13 de un edificio de la Dian cercano a la Casa de Nariño, era una pieza clave en la investigación por presuntas interceptaciones ilegales a exempleadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro.
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Su muerte ocurrió el 9 de julio de 2023, dos días después de una inspección de la Fiscalía a su lugar de trabajo y en medio de una fuerte controversia por el uso indebido de tecnologías para realizar copias espejo de teléfonos sin orden judicial.
Acceso sin autorización y posible manipulación
De acuerdo con el informe de auditoría de la Subdirección de Servicios Forenses, un total de 23 funcionarios accedieron al expediente de Dávila en el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), pero solo 12 de ellos contaban con competencia funcional para hacerlo.
Los otros 11, entre ellos un exfuncionario cuyo usuario seguía activo sin justificación, habrían accedido sin autorización: “En algunos casos, por simple curiosidad”, señala el documento.
El ingreso sin permiso a la plataforma no solo viola los protocolos internos del Instituto, sino que podría poner en duda la cadena de custodia de las pruebas y, por tanto, los resultados del informe forense que determinó que la muerte de Dávila fue un suicidio.
En dicho reporte se especifica que el arma se encontraba en contacto con la cabeza, había rastros de pólvora en el cráneo y la mano del coronel, así como manchas en su ropa. También se consignó el uso de medicamentos psicotrópicos, lo cual fue considerado para concluir una posible afectación mental que habría motivado la decisión fatal.
Uno de los implicados habla
En conversación con El Tiempo, uno de los funcionarios bajo investigación aceptó su acceso al caso: “En su momento entramos al sistema como funcionarios y aclaramos ante el director el porqué habíamos entrado, pero eso se hizo preliminarmente a los días de los hechos”.
Al ser preguntado si estaba autorizado para acceder a los informes, argumentó que esa era parte de sus funciones como perito forense. “Eso se aclaró como funcionarios públicos y dentro de nuestro manual de funciones estaba establecer cómo íbamos a actuar en ese momento, porque somos peritos y tenemos que revisar los casos. Todos estamos autorizados porque está dentro de nuestras funciones. Si yo llego a mirar un caso, potencialmente, tengo que entrar y ver de qué se trata y luego ver si puedo actuar o no”, explicó al medio citado.
Sobre si utilizó de alguna manera la información revisada, respondió: “Estoy dispuesto a hablar para aclarar la investigación”.
Proceso en marcha y posibles consecuencias
La investigación está actualmente en manos del magistrado David Dalberto Daza Daza, de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, que ya adelantó una etapa preliminar y ahora avanza hacia la práctica de pruebas. Esta fase incluirá la toma de declaraciones a los implicados y podría contemplar la intervención del cuerpo técnico de policía judicial del órgano disciplinario.
Entre los funcionarios aún vinculados a la entidad que están siendo investigados se encuentran Domingo Enrique Pérez Tovar, Jorge Alfonso Casas Martínez, Beatriz Eugenia Visbal Mora, Natasha Ariza Bello, Yuliet Alexandra Sánchez Rodríguez, Mónica Ivonne Garzón Pineda, Alejandro Salamanca Fonseca, Álvaro García Cardozo, Francisco José Calle Rúa y Diego Fernando Urbano Reyes. Todos bajo la dirección de Hans Cristian Dworschak Lozano, director seccional de Cundinamarca, que también podría enfrentar una investigación por la supervisión del acceso indebido.
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