La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) presentó su informe económico anual titulado “Tendencias de Inversión en Exploración y Producción de Petróleo y Gas en Colombia 2024 y Perspectivas 2025: un sector estratégico en estado crítico”, en el que advierte sobre un deterioro acelerado del sector energético nacional.
El documento reveló señales alarmantes sobre la caída de la inversión en exploración, los desafíos operativos crecientes y el riesgo de comprometer la autosuficiencia energética del país en los próximos años.
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Según el informe, basado en datos de empresas que representan el 95% de la producción de petróleo y el 96% del gas natural en Colombia, la actividad exploratoria está en una cuenta regresiva. Entre 2026 y 2030 solo se proyecta la perforación de 70 pozos exploratorios comprometidos por contrato.
De no tomarse medidas correctivas, Colombia podría agotar su capacidad exploratoria antes del final de la década, sin nuevos hallazgos que permitan reponer reservas ni garantizar un suministro energético sostenible.
La inversión en exploración para 2025 caería un 18%, ubicándose en su nivel más bajo de los últimos cuatro años. Esta tendencia se da en un contexto preocupante: en la última década, las reservas probadas de gas se han reducido en un 57%, y se proyecta una caída significativa en la producción de petróleo a partir de 2027.
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Aunque la inversión en producción se incrementaría en un 15% para 2025, la ACP advierte que dicho crecimiento será insuficiente si no se desarrollan nuevos proyectos que compensen el agotamiento natural de los campos actuales.
Se estima que la producción petrolera se mantendrá en niveles similares a los de 2024, con un promedio diario entre 760.000 y 770.000 barriles, mientras que la producción comercializada de gas nacional bajaría de 958 millones de pies cúbicos diarios en 2024 a 905 en 2025.
Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que el sector enfrenta un doble desafío: “Hoy se requiere más inversión para producir la misma cantidad de petróleo, debido al agotamiento natural de los campos y la complejidad del entorno operativo, y, en gas, no estamos logrando aumentar la producción ni reponer las reservas”.
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El informe también alerta sobre un entorno territorial cada vez más hostil. En 2024, los bloqueos a operaciones aumentaron un 151%, reflejando una creciente conflictividad social y deterioro del orden público en zonas productoras, lo que afecta directamente el avance de proyectos y su contribución al desarrollo local y la seguridad energética.
A esta situación se suman impactos económicos significativos. El país enfrenta un déficit fiscal proyectado de $40 billones debido a la caída de ingresos petroleros. Además, si se debe importar gas para suplir la demanda por falta de nueva oferta, las tarifas podrían incrementarse entre un 15% y un 46%. Asimismo, la necesidad de importar crudo para mantener operativas las refinerías aumentaría los costos de los combustibles líquidos.
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Frente a este panorama, la ACP propone una serie de medidas para revertir la crisis del sector. Entre ellas, se destaca la optimización de las consultas previas, la coordinación institucional para gestionar la conflictividad, y la garantía de estabilidad fiscal, jurídica y regulatoria. También se plantea dar viabilidad a proyectos clave, como el desarrollo de gas en costa afuera y la construcción de un gasoducto submarino, cuya infraestructura requiere licencia ambiental prioritaria.
La asociación también hace énfasis en la necesidad de una transición energética gradual que asegure la complementariedad entre fuentes renovables y convencionales, sin poner en riesgo el abastecimiento energético del país.
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“Cambiemos el rumbo. El país necesita decisiones técnicas que aseguren inversión, desarrollo y abastecimiento energético. Esta es una invitación a construir, entre todos —Gobierno, Congreso, autoridades locales, comunidades y sector privado— la hoja de ruta para la seguridad energética, la estabilidad fiscal y el bienestar de millones de hogares”, concluyó Pearl.
El informe de la ACP plantea una encrucijada para Colombia: sin un ajuste en la política energética y un entorno más favorable a la inversión, el país podría enfrentar no solo una crisis energética, sino también graves consecuencias fiscales y sociales.
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