Buenas noticias para exportadores: el Gobierno devolverá parte de los impuestos a quienes generen valor agregado

En medio de un panorama global agitado por tensiones comerciales y la necesidad urgente de reconvertir su economía, el Gobierno colombiano decidió jugar una de sus cartas más estratégicas, la reactivación del Certificado de Reembolso Tributario (Cert). Este mecanismo, diseñado para premiar a quienes exportan bienes con valor agregado o servicios basados en conocimiento, estará nuevamente en vigor durante 2025 y 2026.

El Cert, que opera como una especie de “devolución” de impuestos indirectos a los exportadores, no es una novedad. Su relanzamiento llega con un mensaje claro, Colombia quiere moverse con más decisión hacia una economía menos dependiente del petróleo y el carbón, y más anclada en la innovación, la tecnología y la producción sostenible.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Desde el Gobierno no nos cabe duda que este es uno de los instrumentos que nos ayudará a impulsar la reactivación y la reindustrialización de la economía colombiana. Nuestra apuesta es depender cada vez menos del carbón y del petróleo, y más de fuentes de producción sostenibles basadas en el conocimiento, inclusivas y generadoras de empleo, y hacia allá apunta el Cert”, afirmó la ministra encargada de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusinque Urrego.

El programa busca estimular no solo las exportaciones, también la inversión privada, la generación de empleo y la sofisticación del aparato productivo nacional. Y es que, como lo explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, este incentivo tiene un efecto multiplicador: “El Cert fortalecerá nuestra economía, al impulsar la producción nacional con mayor valor agregado, lo que se traduce en más empleo en sectores estratégicos por la vía de reducir los impuestos indirectos asociados a las actividades de exportación de bienes y servicios”.

En términos prácticos, quienes exporten productos que hayan pasado por un proceso de transformación o manufactura significativo, es decir, que cuenten con valor agregado, podrán recibir un reembolso del 3% del valor FOB (Free On Board) exportado. Para el caso de servicios que involucren tecnología, innovación o conocimiento especializado, el reembolso será del 2%.

No todos podrán acceder al Cert. El beneficio será exclusivo para fabricantes, productores o ensambladores directamente responsables de lo que se exporta. Además, hay exclusiones claras, no aplica para exportaciones que salgan desde o lleguen a zonas francas, ni para bienes o servicios dirigidos a países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador y Perú) o Venezuela.

El universo de bienes elegibles es amplio, cerca de 5.000 subpartidas arancelarias están contempladas, incluyendo sectores clave como el farmacéutico, el alimenticio, el de maquinaria, el automotor y el astillero. En cuanto a los servicios, podrán aplicar aquellos relacionados con salud, educación, mantenimiento especializado y servicios profesionales.

Según Rusinque, el Cert no solo busca premiar a quienes ya están exportando, sino abrir camino a nuevas oportunidades. “Esta circunstancia nos obliga, no solo, a diversificar la canasta exportable, sino también los mercados de destino de nuestras exportaciones. El Cert impulsará nuevas oportunidades para que nuestros productos y servicios lleguen a más mercados en el mundo”, explicó la ministra.

El regreso del Cert es fruto de un trabajo coordinado entre el sector público y el privado. Fue propuesto por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A) y aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). En la práctica, se convierte en una herramienta para modernizar el perfil exportador del país, apostando por una Colombia que no solo venda más al mundo, sino que lo haga con bienes y servicios de mayor sofisticación.

El desafío, sin embargo, no será menor. Lograr que más empresas se sumen a esta apuesta por la innovación y la transformación productiva requerirá no solo incentivos fiscales, sino una política industrial coherente y una red de apoyo técnico que acompañe al sector privado en ese tránsito.