El contrato de aprendizaje en Colombia, regulado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), podría experimentar cambios en 2025 debido a la reforma laboral que se discute actualmente en el Congreso.
De acuerdo con el Sena, el contrato de aprendizaje no es un beneficio otorgado por las empresas, sino una obligación constitucional basada en el artículo 54 de la Constitución, que establece el deber de garantizar formación profesional y técnica.
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Actualmente, los aprendices reciben un auxilio de sostenimiento que varía según la fase de su formación.
Esta reforma busca transformar las condiciones económicas y contractuales de los aprendices, lo que ha generado tanto expectativas como preocupaciones en diversos sectores.
En la fase lectiva, el monto equivale al 50 % del salario mínimo, es decir, 711.750 pesos, mientras que en la fase práctica asciende al 75 %, alcanzando los 1’067.625 pesos. En el caso de estudiantes universitarios, el apoyo no puede ser inferior a un salario mínimo completo, equivalente a 1’423.500 pesos.
La reforma laboral, que ya ha avanzado con la aprobación de 55 artículos en la Comisión Cuarta del Senado, propone un aumento en estos valores.
Según lo planteado, el auxilio en la fase lectiva pasaría del 50 % al 75 % del salario mínimo, lo que representaría un incremento de 355.875 pesos, alcanzando los 1.067.625 pesos.
Por su parte, en la fase práctica, los aprendices recibirían el 100 % del salario mínimo, lo que también implicaría un aumento de 355.875 pesos, llegando a 1.423.500 pesos. Este cambio busca mejorar las condiciones económicas de los jóvenes en formación, pero también plantea desafíos para las empresas que financian estos contratos.
El contrato de aprendizaje, según la legislación vigente, no se considera un contrato laboral tradicional. En lugar de un salario, los aprendices reciben un auxilio de sostenimiento que no incluye prestaciones sociales como cesantías, primas o vacaciones.
Sin embargo, sí contempla la afiliación a salud, pensión y riesgos laborales. La reforma laboral propone que esta relación contractual pase a ser una relación laboral especial, regida por el Código Sustantivo del Trabajo. Esto implicaría que los aprendices reciban prestaciones sociales completas y que el tiempo de formación sea reconocido como experiencia laboral válida.
El Gobierno ha defendido esta propuesta como una forma de dignificar el trabajo de los aprendices y garantizar mejores condiciones para su desarrollo profesional. Sin embargo, desde el sector empresarial han surgido preocupaciones sobre la sostenibilidad de estos cambios. Según representantes de este sector, el aumento en los costos asociados al contrato de aprendizaje podría llevar a que algunas empresas opten por no participar en estos programas, afectando los recursos destinados a la formación de miles de jóvenes.
El Sena, por su parte, ha expresado su respaldo a los aumentos propuestos por el Gobierno, calificando como un retroceso cualquier intento legislativo que limite estas mejoras. En un comunicado, la entidad advirtió que las disposiciones actuales de la reforma, tal como se discuten en el Senado, podrían poner en riesgo la permanencia de cientos de miles de aprendices en sus procesos formativos y afectar la misión de la institución.
El debate sobre la reforma laboral y su impacto en los aprendices del Sena continúa siendo un tema central en la agenda legislativa y laboral del país. Mientras el Gobierno busca avanzar en la implementación de estas medidas, el sector empresarial y otras partes interesadas analizan las implicaciones económicas y sociales que podrían derivarse de estos cambios.
El desarrollo de esta discusión será determinante para definir el rumbo que tomará la política laboral en el país, especialmente en lo que respecta a la relación entre formación, empleo y condiciones laborales, un triángulo que impacta directamente en la calidad de vida de miles de jóvenes y adultos que confían en el Sena para su desarrollo profesional y personal.
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