Gremios de Cali enfrentan nuevo reto: pagar por el uso del espacio público, incluyendo carreras de atletismo

El proyecto de cobro por el uso del espacio público para diversas actividades en Cali ha generado un intenso debate entre la Alcaldía, los gremios económicos y los organizadores de eventos en la ciudad.

Aunque la medida busca regularizar y formalizar estas prácticas, muchas de las partes interesadas aún esperan una mayor claridad en el procedimiento y en las tarifas.

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Según Manuel Pineda, director de Asobares, el gremio está de acuerdo con la regulación, pero subraya que “estamos esperando que desde la Alcaldía nos entreguen el manual o nos expliquen cómo se debe hacer la solicitud para poder hacer los pagos” dijo a El País, de Cali.

La Alcaldía de Cali ha anunciado que las actividades sujetas a este cobro incluyen eventos deportivos en vías públicas, actos temporales, módulos de ventas, alquiler de bicicletas o patinetas, valet parking, enlaces peatonales entre edificaciones, instalación de campamentos de obra, ocupaciones temporales de espacios para infraestructuras de servicio público, filmaciones audiovisuales, publicidad en mobiliario urbano y otros usos comerciales.

Este pago, según las autoridades, será obligatorio solo para quienes operen actividades de manera formal.

Diego Giraldo, director de Planeación, señaló al mismo medio que “el Aprovechamiento Económico del Espacio Público es únicamente para quienes desarrollan actividades comerciales de forma legal y autorizada”.

Por otra parte, las cifras del cobro aún no se han especificado como lo exigen los gremios. Mario Casas, gerente de Juancho Correlón, indicó al medio que esta falta de comunicación ha generado incertidumbre:

“Hay poca información y falta de comunicación. Una cosa es que salga un artículo diciendo que va a haber un cobro, pero otra cosa es que expliquen de forma detallada la manera en que se hará”.

Casas, cuya empresa organiza unas diez carreras cada año, explicó que el costo de estas tarifas recaerá finalmente en los consumidores. En el caso de la reciente Maratón de Cali, los participantes debieron asumir un gasto adicional de 4.200 pesos.

Entre los beneficios destacados por el gobierno municipal está la canalización de los recursos recaudados hacia un fondo especial destinado a la conservación y mantenimiento del espacio público de Cali.

Indican que este esfuerzo se enmarca dentro del Plan de Ordenamiento Territorial del distrito. Sin embargo, la implementación de la medida enfrenta críticas en cuanto al tiempo de ejecución.

Mario Casas expresó que la próxima carrera, programada para el 29 de junio, fue organizada con base en un presupuesto que no contemplaba este nuevo cobro. “Ojalá se diera un poco más de plazo porque no sabíamos que esto se iba a implementar”, comentó.

Una de las principales preocupaciones de los sectores involucrados es definir cómo será el pago. Según Asobares, se espera que el proceso se haga de forma digital para evitar intermediarios y agilizar las transacciones. En palabras de Pineda, “esperamos que las jornadas de pedagogía se sigan manteniendo con el fin de que no haya complicaciones a la hora de hacer los pagos”.

Por su parte, la Alcaldía de Cali ha excluido a los vendedores informales o ambulantes de este cobro, asegurando que existe una política pública específica para regular esta actividad a través de planes diseñados por la administración municipal. Esto deja el foco de la nueva medida en empresarios, comerciantes y organizadores de eventos formalizados.

El debate también se extiende a la permanencia y temporalidad del uso del espacio público. Según Manuel Pineda, para actividades temporales se establecerán plazos específicos con fechas de inicio y finalización. Sin embargo, existen categorías que permitirán el uso permanente mientras se mantenga el pago correspondiente. “Si no tenemos esta aprobación desde Inspección, Vigilancia y Control, nos sancionarían”, explicó sobre las empresas que operan en sectores como el Bulevar del Río Cali.

En total, se estima que más de 6.700 establecimientos en la ciudad estarán sujetos a esta medida, aunque el impacto económico para cada sector dependerá en gran medida de los costos finales definidos por la administración. Pineda enfatizó en que “esto debe ser un consenso entre comunidad, comercio y Alcaldía, y aquí todos estamos de acuerdo en que tiene que haber alguna remuneración para la ciudad por la utilización del espacio público”.

Actualmente, las empresas y organizadores aguardan detalles sobre plataformas, requisitos y procedimientos para cumplir con las exigencias del nuevo decreto. Con actividades como la Media Maratón de Cali y otros eventos programados en el calendario, queda la interrogante sobre los ajustes financieros que estas organizaciones deberán realizar y el efecto que ello podría tener en el consumidor final.