Fiscalía solicitó preclusión parcial contra Antonio Sanguino por “carrusel de la contratación”

El proceso judicial contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su presunta participación en hechos relacionados con el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, experimentó una modificación sustancial durante la audiencia celebrada en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el 26 de mayo de 2025.

La Fiscalía, a través del fiscal delegado Jorge Velásquez, formuló una petición inesperada: la preclusión parcial del proceso por prescripción de uno de los hechos imputados y la nulidad de la acusación presentada anteriormente.

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El fiscal solicitó formalmente que se declare la prescripción de uno de los dos hechos que sustentan la acusación contra Sanguino, correspondiente a una supuesta reunión sostenida con el entonces alcalde Samuel Moreno en 2008.

De acuerdo con Velásquez, este acto ya no podría ser objeto de enjuiciamiento penal, puesto que se habría cumplido el término legal de prescripción previsto para el delito de tráfico de influencias, que es de 12 años, extendido a 16 en caso de servidores públicos. Al haberse superado ese tiempo en julio de 2024, el fiscal afirmó que cualquier actuación judicial respecto a ese hecho carece de validez.

“Reitero mi respetuosa petición de que se declare la preclusión por prescripción de la actuación penal por el hecho mencionado”, declaró el fiscal ante la Corte. Esta solicitud fue respaldada por la procuradora Marta Canabal, que también consideró que los plazos legales habían vencido, limitando así las posibilidades de avanzar con una acusación sustentada en hechos de 2008.

La acusación original contra Sanguino fue presentada por la misma Fiscalía en octubre de 2024, bajo la figura del delito continuado. La tesis inicial sostenía que el hoy ministro habría incurrido en una conducta penalmente relevante a través de dos hechos conectados entre sí en su calidad de concejal de Bogotá.

Una presunta intervención para lograr el nombramiento de Liliana Paternina como directora del Hospital de Usme, y una supuesta reunión posterior con la misma funcionaria para direccionar un contrato de obras a favor del contratista Héctor Julio Gómez. No obstante, el nuevo fiscal delegado, al revisar el caso tras el ascenso de Sanguino al Ministerio de Trabajo, consideró que ambos hechos no podían ser tratados como un solo delito continuado.

“Es claro que si se ha deslindado dos momentos, es un concurso de delitos, mas no un delito continuado. En el primero, el influenciado habría sido el exalcalde Moreno, en el segundo, la gerente del Hospital de Usme, Liliana Paternina”, explicó Velásquez. Esta postura coincidió con el argumento presentado por la defensa del ministro, que desde el inicio del proceso había objetado el tratamiento unitario de los hechos.

La decisión de solicitar la nulidad del escrito de acusación también sorprendió, especialmente porque fue el propio ente acusador quien formuló los cargos meses atrás. Esta nulidad, de ser aceptada, implicaría que el caso regrese a una etapa preliminar de investigación, lo que podría dilatar significativamente el procedimiento y modificar la naturaleza de las diligencias que hasta el momento se adelantaron.

Durante la audiencia, el magistrado Jorge Emilio Caldas manifestó la necesidad de que la Fiscalía aclare cada uno de los elementos señalados por la defensa. Entre las inquietudes formuladas por el abogado suplente de Jaime Lombana se destacaron las imprecisiones en la información suministrada por el ente acusador. “¿En qué fecha y lugar se realizó la reunión en la que supuestamente se pactó la coima con el contratista Julio Gómez?, ¿En qué fecha se llevaron a cabo las reuniones con el exalcalde Samuel Moreno para nombrar a Liliana Paternina en la dirección del Hospital de Usme?, ¿En qué fechas y lugares se dieron reuniones con la exdirectora Paternina y el contratista Julio Gómez?”, fueron algunos de los cuestionamientos leídos durante la audiencia.

La audiencia también evidenció tensiones entre la Sala y el ente acusador. El magistrado Caldas llamó la atención a la Fiscalía por intentar posponer el inicio del juicio y exigió mayor claridad sobre las solicitudes en curso. Pese a la complejidad del caso, se espera que la Corte emita una decisión sobre la petición de preclusión y la nulidad de la acusación en los próximos días, lo que definirá el curso del proceso judicial contra el ministro Sanguino.

El giro en la estrategia procesal de la Fiscalía no solo pone en entredicho la viabilidad de la acusación formulada en 2024, sino que reabre el debate sobre la prescripción de delitos en casos de corrupción administrativa.