Procuraduría presentó documento para prevenir la violencia sexual y de género en la fuerza pública

La Procuraduría General de la Nación presentó un documento clave para combatir la violencia sexual y de género en las instituciones de la fuerza pública, en un evento realizado en el Auditorio Antonio Nariño, en Bogotá.

Según informó la entidad, la ‘Cartilla Prevención de la Violencia Sexual y de Género en la Fuerza Pública’ tiene como objetivo promover espacios libres de violencia mediante la implementación de rutas de acción y medidas de seguimiento en casos que requieran vigilancia. Este lanzamiento contó con la participación de altos funcionarios y representantes de diversas instituciones.

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De acuerdo con el viceprocurador general, Silvano Gómez Strauch, la iniciativa busca fortalecer el control preventivo frente a estas violencias, destacando la magnitud del problema y sus consecuencias devastadoras tanto para las víctimas como para la sociedad. Gómez enfatizó la importancia de garantizar la dignidad, integridad y libertad sexual de las mujeres que cada vez más se integran a las filas de las Fuerzas Militares y policiales. “Se trata de señalar herramientas para fortalecer el control para prevenir la violencia sexual o de género”, afirmó durante su intervención.

El documento presentado incluye datos recopilados entre 2024 y 2025, que revelan que el Ejército Nacional concentra el mayor número de casos reportados de violencia sexual y de género, con 65 quejas. Le siguen la Fuerza Aérea con 14 casos, la Armada Nacional con 5 y el Comando General de las Fuerzas Militares con 2. Además, el informe detalla que el 73% de las quejas fueron presentadas por mujeres, mientras que el 27% correspondieron a hombres, lo que evidencia la prevalencia de este problema en las instituciones.

Por otro lado, el Grupo de Gestión y Analítica de Datos de la Procuraduría reportó un total de 298 quejas relacionadas con violencia sexual y de género en la fuerza pública entre 2021 y enero de 2025. De estas, 197 corresponden a la Policía Nacional, 81 al Ejército, 16 a la Armada y 4 a la Fuerza Aérea.

El evento de lanzamiento incluyó un panel titulado “Prevención de la violencia sexual y de género en la Fuerza Pública”, en el que participaron destacadas mujeres de las fuerzas armadas, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.

Durante el panel se discutieron las iniciativas desarrolladas por cada institución para prevenir estas violencias, resaltando la educación y la comunicación como herramientas fundamentales. También se destacó el trabajo conjunto entre la fuerza pública, la Fiscalía y la Procuraduría para fomentar una cultura institucional basada en la equidad de género y la defensa de los derechos humanos.

La cartilla presentada por la Procuraduría también recuerda a las instituciones militares y policiales la importancia de cumplir con las normativas internacionales, regionales y nacionales en materia de protección de derechos. De acuerdo con la entidad, el objetivo es incidir positivamente en la prevención de la violencia sexual y de género, fortaleciendo una cultura de respeto y equidad dentro de estas entidades.

El compromiso de las Fuerzas Militares ante las denuncias

Las FF. MM. han llevado a la activación de rutas preventivas y a la implementación de investigaciones prioritarias para abordar cada caso con celeridad y dentro de los términos legales establecidos en el Código Disciplinario Militar.

Las Fuerzas Militares señalaron que cualquier denuncia, sin importar su magnitud, será investigada a fondo. “Nuestra política es firme: cualquier caso será estudiado profundamente y no escatimaremos esfuerzos para atenderlos de manera efectiva”, declararon desde el comando. Además, se ha mantenido una comunicación constante con las autoridades competentes, como parte del principio de colaboración armónica, para garantizar que se tomen las acciones necesarias frente a estos hechos.

El Comando General de las Fuerzas Militares subrayó que las investigaciones se realizan con transparencia e imparcialidad, buscando establecer responsabilidades claras y aplicar sanciones ejemplares cuando sea necesario. Estas acciones incluyen la colaboración con la Procuraduría, que participa en los procesos judiciales relacionados con estas conductas dentro de las instituciones.