
Luego de la liberación de Lyan Hortúa, un niño de 11 años, se revelaron detalles sobre las circunstancias de su cautiverio y las acciones de los responsables.
Según informó el personero de Cali, Gerardo Mendoza, los secuestradores, identificados como parte de las disidencias de las Farc, propusieron un intercambio durante los 18 días que el menor estuvo retenido.
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La oferta consistía en liberar al niño a cambio de su madre o su padrastro, ya que, según los captores, el secuestro de Lyan había sido un error y su objetivo inicial era uno de los adultos.
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Mendoza explicó que esta proposición fue transmitida a la familia del menor mediante un mensaje enviado por los secuestradores.
“La propuesta de un posible canje surgió luego de que el grupo responsable del secuestro enviara un mensaje al entorno familiar de Lyan, manifestando que el rapto del menor había sido un error. Fue entonces cuando plantearon la posibilidad de liberar al niño a cambio de un adulto, ya fuera su madre o su padrastro”, indicó Mendoza en declaraciones a El País.
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Sin embargo, el personero rechazó categóricamente la posibilidad de aceptar el intercambio, argumentando que un delito no puede ser resuelto con otro.
“Un delito no puede ser canjeado por otro. Aceptar ese tipo de intercambios solo perpetuaría las dinámicas criminales que tanto daño hacen a la sociedad. Exigí como personero que el niño debería ser liberado sin intercambio porque los menores de edad no deben estar inmiscuidos en el conflicto”, declaró el funcionario, que subrayó que aceptar este tipo de dinámicas solo eternizaría las actividades criminales que afectan gravemente a la sociedad.
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El caso también fue marcado por la muerte de Antonio Cuadros, que, según la familia de Lyan, habría pagado un rescate para facilitar la liberación del menor.
Gerardo Mendoza señaló que la principal hipótesis sobre este asesinato apunta a una represalia relacionada con la entrega del dinero. Sin embargo, las circunstancias exactas de este hecho aún están bajo investigación.
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Lyan fue liberado el miércoles 21 de mayo, tras haber sido secuestrado el 3 de mayo en su vivienda ubicada en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.
Según relató Joshua Suárez, padrastro del menor, los secuestradores ingresaron a su hogar atravesando tres porterías de seguridad y se llevaron al niño bajo amenazas con armas de fuego.
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Suárez denunció que durante las primeras horas del secuestro no recibió apoyo de la Policía ni de ninguna otra autoridad. “Nunca llegó nadie a apoyarnos, nunca llegó nadie a decirnos que todo estaba bien, nos tocó defendernos a nosotros mismos”, afirmó.
El padrastro también compartió detalles sobre las condiciones en las que Lyan estuvo retenido. Según el relato del menor, pasó al menos cuatro días amarrado, esposado y sometido a humillaciones.
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Suárez desmintió haber recibido amenazas previas al secuestro y negó tener deudas, aunque evitó hablar sobre una posible extorsión. Además, expresó su preocupación por la falta de seguridad en su residencia, un lugar que consideraban seguro.

“Son tres porterías para ingresar a la unidad de nosotros y eso no pareció devastador. Jamás en la vida pensamos que nos iban a llegar a nuestro hogar”, comentó.
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El caso está siendo investigado por el Gaula, mientras la familia de Lyan evalúa la posibilidad de abandonar el país debido a la inseguridad y el impacto emocional que han sufrido.
“Estamos pensando en esa decisión”, declaró Suárez, que se describió como un comerciante con más de 10 años de trayectoria laboral y sin problemas legales o financieros.
Este secuestro y sus consecuencias pusieron nuevamente en evidencia las dinámicas de violencia y criminalidad que afectan a la región, así como las dificultades que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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