Comandante de las disidencias de las Farc habría ordenado a sus estructuras urbanas enfrentar a grupos criminales en Cúcuta y Ocaña

El comandante conocido como alias Richard, perteneciente a las disidencias de las Farc, habría emitido un aviso en el que instó a sus estructuras urbanas en los municipios de Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, a tomar acciones contra los grupos criminales que, según él, están operando en los cascos urbanos de estas localidades.

De acuerdo con Caracol Radio, este llamado ha generado preocupación entre las autoridades locales, que se encuentran en estado de alerta ante posibles enfrentamientos y un incremento en la violencia en la región.

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En su declaración, “Richard” habría señalado específicamente a grupos como el grupo conocida como AK-47, acusándolos de realizar amenazas contra comerciantes, empresarios y ciudadanos en general.

Además, habría afirmado tener pruebas de que algunos funcionarios del Gaula y de la Policía Nacional estarían colaborando con estas organizaciones criminales en el municipio de Ocaña. “Hasta el día de hoy no miramos que las autoridades hagan nada”, expresó el comandante en su mensaje, según lo reportado.

El comunicado también incluiría un llamado a las redes urbanas de las disidencias de las Farc para que enfrenten lo que describió como un fenómeno de criminalidad creciente en la región.

En este contexto, “Richard” habría exhortado al Gobierno nacional, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías locales para que implementen políticas que generen empleo para los jóvenes del departamento.

Según el medio citado, en sus palabras incluiría que la falta de oportunidades laborales está contribuyendo al aumento de la violencia y la criminalidad, y responsabilizó a las autoridades.

La situación se agrava con la advertencia de que este llamado podría derivar en un incremento de las muertes selectivas tanto en Cúcuta como en Ocaña, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades y la población.

Este panorama se suma a la ya compleja situación de seguridad en la región, donde las disputas entre grupos armados ilegales y grupos criminales han afectado gravemente a la población civil.

En paralelo, se ha conocido que grupos criminales transnacionales han anunciado un plan pistola dirigido contra directivos de la Cárcel Modelo de Cúcuta, lo que añade una nueva dimensión de riesgo a la crisis de seguridad en el departamento.

Este tipo de amenazas suelen estar asociadas a represalias por acciones de las autoridades contra estructuras criminales, lo que podría intensificar aún más la violencia en la zona.

El Gobierno nacional ha tomado medidas para intentar mitigar la situación.

Mediante la resolución ejecutiva 161 del 23 de mayo de 2025, se creó una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en área rural del municipio de Tibú, también en Norte de Santander.

Esta zona está destinada al agrupamiento del Frente 33, una facción del Estado Mayor de las disidencias de las Farc, y busca facilitar el tránsito de esta estructura armada hacia la vida civil.

La ZUT funcionará durante siete meses desde la entrada en vigencia de la resolución.

Durante este periodo, las órdenes de captura, incluidas las de extradición, contra los integrantes del Frente 33 quedarán suspendidas, siempre que los nombres de los beneficiarios estén en un listado entregado por representantes del grupo y aceptado por el Comisionado de Paz.

Sin embargo, ni la localización precisa de la zona ni las condiciones operativas de seguridad han sido divulgadas públicamente, ya que ambos aspectos fueron consignados en anexos técnicos de carácter reservado.

El Gobierno ha establecido un plazo de 45 días para el traslado de los miembros del Frente 33 y la adecuación de la zona. No obstante, no se ha explicado cómo se verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos por esta facción armada.

Tampoco se ha informado qué entidades nacionales o internacionales estarán a cargo del monitoreo del proceso.

Entre los objetivos de la resolución se incluyen la entrega del material de guerra, la atención a menores vinculados, garantías jurídicas, participación en procesos de desminado y la ejecución de planes para sustituir economías ilícitas.

También se menciona la atención a las víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas, aunque no se especifica qué mecanismos de verificación o seguimiento acompañarán estas promesas.