La enfermedad de Chagas, o tripanosomiasis americana, es una patología parasitaria que afecta a millones de personas en América Latina, incluyendo Colombia. Transmitida principalmente por un insecto llamado triatomino —conocido popularmente como “Pito”—, esta enfermedad puede pasar desapercibida durante años, mientras causa daños irreversibles al corazón y al sistema digestivo.
Según el Ministerio de Salud, actualmente 595 municipios colombianos presentan condiciones ambientales y socioeconómicas propicias para la transmisión del parásito causante del Chagas.
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Solo en 2024, el sistema nacional de vigilancia epidemiológica Sivigila confirmó 947 casos crónicos y 18 agudos, uno de ellos con desenlace fatal.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue enfático en la importancia de una respuesta articulada: “La eliminación del Chagas requiere un esfuerzo articulado entre el sector salud, las comunidades y las autoridades locales. La prevención y el diagnóstico oportuno son clave”.
¿Dónde está el mayor riesgo?
Las regiones más afectadas por esta enfermedad están ubicadas en zonas rurales, selváticas y de difícil acceso. Entre ellas se destacan los Llanos Orientales, el Valle del Río Magdalena, Boyacá, Santander, la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Amazonia y la Costa Atlántica.
La transmisión ocurre en su mayoría por la picadura del “Pito”, que se alimenta de sangre humana y puede depositar las heces infectadas cerca de la piel de las personas. No obstante, el riesgo va más allá del vector: el parásito también puede contagiarse por vía oral (a través de alimentos contaminados), por transfusiones de sangre no seguras, y de madre a hijo durante el embarazo.
La enfermedad puede evolucionar de forma silenciosa durante años hasta derivar en miocardiopatía chagásica, una afección grave del corazón que puede conducir a insuficiencia cardíaca y muerte súbita.
En línea con los objetivos globales para eliminar el Chagas como problema de salud pública en 2031, Colombia ha emprendido varias estrategias. 66 municipios han sido certificados como “libres de transmisión vectorial intradomiciliaria”, y otros 34 están en proceso de certificación.
El país también garantiza el tamizaje del 100% de la sangre donada, para reducir el riesgo de transmisión por transfusión. Desde 2017, existe un flujograma nacional para mejorar el diagnóstico, y se ha puesto en marcha la Ruta Integral de Atención en Salud para Chagas (Rias), que permite atender a los pacientes desde el primer nivel.
Entre 2019 y 2024, se realizaron más de 382.000 tamizajes a mujeres gestantes, logrando detectar 528 casos y reduciendo significativamente el riesgo de transmisión congénita.
Muertes prevenibles y poblaciones vulnerables
A pesar de estos esfuerzos, el impacto de la enfermedad persiste. Según cifras del Dane, en 2023 se registraron 239 muertes asociadas al Chagas. Lo más preocupante es que el 28% de los casos crónicos reportados en 2024 provienen de comunidades indígenas, lo que evidencia una desigualdad estructural en el acceso a la salud.
Desde abril de 2025, el Ministerio de Salud anunció que intensificó sus campañas de prevención bajo el lema “Para la prevención, control y eliminación del Chagas, todos somos necesarios”, promoviendo la sensibilización en las regiones más afectadas.
¿Cómo prevenir esta enfermedad?
La cartera emitió recomendaciones clave para reducir el riesgo de contagio:
- Mejorar las condiciones de las viviendas, sellando rendijas, techos y paredes para impedir el ingreso del vector.
- Instalar barreras físicas como mallas o telas en ventanas y puertas.
- Lavar y cocinar adecuadamente los alimentos, evitando la contaminación con heces del insecto.
- Realizar controles prenatales para detectar el Chagas en mujeres embarazadas y prevenir la transmisión al recién nacido.
Además, el tratamiento de la enfermedad está incluido de forma gratuita en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), por lo que el acceso al diagnóstico y atención debe garantizarse de manera efectiva.
Finalmente, desde el Ministerio de Salud hace un llamado a la ciudadanía, al personal médico y a las autoridades locales para que refuercen la vigilancia, capaciten al talento humano en salud y garanticen el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento.
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