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Judicializan a criminal que secuestró a un niño para exigir $70 millones por su liberación

La Fiscalía confirmó la captura y avances en el proceso contra el presunto responsable de amenazar a un campesino

Secuestro
El adolescente fue capturado por los delincuentes - crédito PublicDomainPictures / Pixabay
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Un nuevo caso de violencia y extorsión se registró en el municipio de Riofrío, Valle del Cauca, donde la Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre conocido con el alias El Gordo o Rosado. El procesado es señalado como presunto responsable de varios delitos graves, entre ellos secuestro simple agravado, extorsión agravada en grado de tentativa y hurto calificado y agravado.

Las autoridades indicaron que el sujeto habría actuado en nombre de una organización criminal y que desde septiembre de 2024 acosaba a un campesino para exigirle un pago de $70 millones.

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Amenazas contra el campesino para exigir dinero

Según la investigación adelantada por la Fiscalía, el hombre habría iniciado una cadena de hechos violentos con el propósito de presionar económicamente a un agricultor que vivía en Riofrío. El sujeto se presentó ante la víctima como integrante de un grupo delincuencial al que el campesino supuestamente debía $70 millones.

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Durante varios meses, hombres armados en motocicletas visitaron la vivienda del agricultor para dejar panfletos con amenazas directas. Estos documentos advertían sobre la exigencia de saldar la deuda con la organización criminal y advertían las consecuencias en caso de incumplimiento. Este hostigamiento constante generó temor en la familia y alteró la tranquilidad de la comunidad, elevando la tensión en la región.

El concejal Juan Baena alerta sobre el drástico aumento de casi un 50% en casos de secuestro en comparación con 2022 - crédito Freepik
Este no es el único caso ocurrido en el sector - crédito Freepik

Secuestro del hijo de la víctima de extorsión

La situación escaló el 9 de enero de 2025, cuando un grupo de hombres presuntamente bajo las órdenes de alias El Gordo ingresó por la fuerza a la vivienda del agricultor. En esa incursión raptaron a su hijo, un niño de 14 años, con el fin de utilizarlo como mecanismo de presión para exigir el desembolso del dinero.

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Tras lo sucedido, los captores enviaron mensajes intimidatorios al padre del menor de edad, advirtiendo que si no entregaba los $70 millones exigidos, atentarían contra la vida del menor. Esta acción violenta fue considerada por las autoridades como un claro acto de secuestro simple agravado, lo que elevó la gravedad del caso.

Después de que el ciudadano decidiera interponer la denuncia, el Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaula) de la Policía Nacional inició una investigación para localizar al presunto responsable y rescatar al menor de edad. Afortunadamente, dieron con su paradero.

El criminal fue puesto a disposición de las autoridades

La operación de captura se llevó a cabo el 7 de mayo de 2025 en el barrio El Príncipe, dentro del municipio de Riofrío, después de que la investigación arrojara resultados positivos. En ese momento, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para responder por los cargos de secuestro, extorsión y hurto agravado.

Pese a que ya se logró la captura, los ciudadanos directamente afectados exigen una condena justa para el criminal y sin la posibilidad de acceder a beneficios. Entre tanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el caso y desarticular las estructuras criminales responsables de este tipo de delitos en la región, pues este no es el único agricultor que ha sido sometido por parte de los delincuentes al pago de millonarias sumas.

Aumenta la preocupación por la inseguridad ciudadana: frustrado secuestro en Los Olivos pone en alerta.
Foto: Pixabay / Creative Commons
Aumenta la preocupación por la inseguridad ciudadana: frustrado secuestro en Los Olivos pone en alerta. Foto: Pixabay / Creative Commons

Este caso demuestra que el delito de las extorsiones en zonas rurales de Colombia sigue siendo frecuente, lo que afecta en gran medida la seguridad y el bienestar de familias campesinas que intentan vivir una vida tranquila, alejados de las grandes ciudades y trabajando la tierra. Por ahora, las autoridades aseguraron que la respuesta institucional en este caso busca garantizar justicia y protección para las víctimas y la comunidad, aunque se espera que el compromiso sea en todo el territorio.

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