En un paso clave hacia la renovación parcial de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia definió el jueves 22 de mayo la terna que será enviada al Senado de la República para que se elija a la nueva magistrada en reemplazo de Diana Fajardo Rivera, que culminará su periodo de ocho años en junio.
El alto tribunal optó por conformar una terna exclusivamente femenina, lo que responde a los múltiples llamados de distintos sectores políticos, académicos y sociales que pedían preservar la paridad de género en las altas cortes.
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Con esta decisión, la Corte Suprema de Justicia propone al Congreso una terna integrada por las abogadas Lisneider Hinestroza Cuesta, Lina Marcela Escobar Martínez y Myriam Carolina Martínez Cárdenas. Las tres profesionales del Derecho fueron seleccionadas tras un proceso de convocatoria pública que, según indicó el alto tribunal, se desarrolló con “celeridad y transparencia”.
“La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión ordinaria, conformó la terna de candidatas de la que el Senado de la República elegirá a una nueva magistrada de la Corte Constitucional”, señaló la Corte Suprema a través de un comunicado oficial.
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Un proceso de elección riguroso
La convocatoria para la selección de la terna inició el pasado 3 de marzo y recibió un total de 89 inscripciones. Luego de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, se admitieron 52 aspirantes. De ese grupo, 18 candidatos fueron escuchados por la Sala Plena en sesiones posteriores.
“Por decisión mayoritaria, fueron seleccionadas las abogadas Lisneider Hinestroza Cuesta, Lina Marcela Escobar Martínez y Myriam Carolina Martínez Cárdenas, quienes cuentan con una destacada trayectoria profesional y poseen las cualidades personales necesarias para asumir el cargo en la Corte Constitucional”, detalló el comunicado de la Corte.
Perfiles de las candidatas y próximo paso en la elección
- Lina Marcela Escobar Martínez: es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tiene un doctorado en Derecho de la Universidad del País Vasco, así como dos maestrías: una en Derecho Público de la Universidad Externado y otra en Derecho Constitucional y Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid. Fue rectora de la Fundación Universitaria San Martín y ha ejercido la docencia en diversas instituciones de educación superior.
- Myriam Carolina Martínez Cárdenas: abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda. Cuenta con especializaciones en Derecho Comercial y Financiero, así como en Derecho de las Telecomunicaciones. Tiene además un MBA del ESIC Business and Marketing School de Madrid, España. Se desempeñó como directora de la Agencia Nacional de Tierras durante el gobierno de Iván Duque, experiencia que la vincula directamente con la política pública de tierras y el ordenamiento territorial.
- Lisneider Hinestroza Cuesta: abogada de la Universidad Tecnológica del Chocó, con maestría en Derecho de los Recursos Naturales y doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Es docente universitaria en su alma mater y lidera el grupo de investigación “Derecho, Sociedad y Medio Ambiente” (GIDSMA), con un enfoque en derechos colectivos y temas socioambientales.
El componente exclusivamente femenino de la terna no es una coincidencia. La reciente elección de Héctor Carvajal como reemplazo de la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional no fue muy bien recibida por sectores que defienden la paridad de género en los órganos de justicia. Tras ese nombramiento, la conformación de la Corte Constitucional quedó con una mayoría masculina, y el temor de que se profundizara la desproporción de género volvió a abrir el debate público.
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En ese contexto, la decisión de la Corte Suprema de proponer solo candidatas mujeres representa una respuesta institucional a las demandas sociales. De ser elegida una de ellas, la Corte Constitucional quedaría compuesta por seis magistrados hombres y tres mujeres, lo cual, si bien no logra la paridad perfecta, sí evita un mayor desequilibrio.
La decisión final sobre quién ocupará el lugar de Diana Fajardo Rivera recaerá en la plenaria del Senado de la República. En las próximas semanas, los legisladores deberán evaluar los méritos de cada candidata y tomar una decisión que, además de jurídica, tendrá implicaciones políticas y simbólicas para el país.
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