La jornada legislativa del martes 20 de mayo de 2025 estuvo marcada por una fuerte confrontación política al interior del Senado de la República, luego de que la mesa directiva negara la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro respecto a la votación que, el 14 de mayo, rechazó la convocatoria de una consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Esta decisión generó un contundente pronunciamiento de la congresista del Pacto Histórico, que arremetió verbalmente contra las directivas del Senado, acusando prácticas irregulares en el manejo del procedimiento del Legislativo.
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La apelación presentada por Pizarro tenía como objetivo reabrir el debate y la votación en torno a la consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana que fue desestimado por una estrecha mayoría (49 votos contra 47) en la plenaria de la semana anterior; sin embargo, la mesa directiva del Senado decidió no agendar esta petición en el orden del día, basándose en un análisis jurídico que fue expuesto por el secretario general de la corporación, Diego González.
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Durante su intervención, González argumentó que la solicitud de la senadora no tenía viabilidad dentro del marco normativo, citando la Ley 5 de 1992 —reglamento interno del Congreso— y diversas sentencias de la Corte Constitucional. En particular, se refirió al artículo 94 de dicha ley, según el cual una vez realizada, cerrada y certificada una votación por parte del secretario general, esta adquiere efectos jurídicos plenos.
“La votación de la consulta popular ya fue realizada por la plenaria del Senado de la República y certificada por el Secretario General en cumplimiento de su deber legal. Por lo tanto, tiene pleno estado de pleno efecto jurídico. No se puede reabrir una votación ya decidida por la plenaria”, declaró el secretario del Senado, al respaldar su interpretación en la sentencia C-543 de 1998, emitida por la Corte Constitucional.
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Además, el secretario recordó que, conforme al artículo 135 del reglamento legislativo, una votación solo puede repetirse en casos excepcionales como un empate, circunstancia que no aplicaba en el presente caso. De esta forma, justificó la exclusión de la apelación de Pizarro del orden del día y reiteró que la propuesta de consulta popular ya no tendría curso dentro del actual ciclo legislativo, que acaba el 20 de julio de 2025.

La respuesta de la senadora María José Pizarro fue inmediata y enfática, desde el atril del Senado, pidió la palabra y se dirigió directamente a los miembros de la mesa directiva, especialmente al presidente del Senado, Efraín Zepeda.
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“Yo quiero que usted secretario me mire a los ojos. Mírame a los ojos. Y dígame que yo no apelé la decisión cuatro, cinco, seis veces. Mírame a los ojos y dígame que no”, expresó la congresista en un tono de fuerte reclamo. Pizarro insistió en que su apelación fue ignorada pese a haber sido realizada de manera reiterada y dentro de los tiempos reglamentarios.
La senadora también denunció supuestas anomalías durante la votación del 14 de mayo, indicando que el sistema de registro de votación se mantuvo abierto por apenas 2 minutos y 12 segundos, lo que habría impedido que varios legisladores ejercieran su derecho al voto. Señaló que existían motivos legítimos para solicitar la repetición de la votación, dado que, a su juicio, no se garantizó la transparencia ni la participación plena de los congresistas.
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“Nosotros podemos perder, pero jueguen limpio. Hemos radicado una nueva consulta y se volverá a radicar hasta que este Congreso juegue limpio”, declaró Pizarro, al dejar claro que, pese al revés legislativo, su bancada no renunciará al objetivo de llevar a cabo la consulta popular.
“Ese Congreso ya está acostumbrado a las artimañas, a las jugaditas y a la trampa”, enfatizó, acusando a la mesa directiva de repetir comportamientos arbitrarios que, según dijo, años después fueron revertidos por decisiones judiciales.
A pesar de las tensiones, el pronunciamiento de la mesa directiva reafirma el principio de “cosa juzgada legislativa”, según el cual las decisiones adoptadas en debida forma por el pleno del Congreso no pueden ser objeto de modificación posterior, salvo por las excepciones estrictamente contempladas en la ley.
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Ante este panorama, Pizarro concluyó su intervención con un mensaje dirigido a la ciudadanía, al expresar que su lucha continuará dentro y fuera del Congreso: “Que le quede claro al país: hemos radicado una nueva consulta popular y se volverá a radicar hasta que este Congreso juegue limpio, y si no, en el 2026, colombianos y colombianas, reelijan un Congreso, elijan un Congreso con gente que no haga trampa”.
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