Radican acción de tutela contra el presidente de la Cámara por negar moción de censura contra Armando Benedetti: “¡No es oficina de encubrimiento!”

El representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, interpuso el martes 20 de mayo de 2025 una acción de tutela contra el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, en la que se exigió que se agende un debate de moción de censura en contra del actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Con lo que se sumó a los fuertes reclamos que sobre el particular hizo la también representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso.

Esta solicitud, presentada hace más de dos meses, estaría a punto de ser archivada si no se discute antes de la conclusión del periodo legislativo, previsto para el 20 de junio de 2025, lo que ha generado intensos cuestionamientos sobre el cumplimiento de las funciones del titular de la Cámara: nombrado con el apoyo de los sectores oficialistas como el Pacto Histórico, en un pulso en el que fue derrotada la representante Katherine Miranda, en una pugna al interior de la Alianza Verde.

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Según el congresista Uscátegui, del sector más radical de la oposición, el retraso para agendar el debate constituye un bloqueo al control político. “Llevamos dos meses esperando que se agende. No permitiremos que se bloquee el control político. Benedetti debe responder por amenazas al Congreso, vínculos con clanes corruptos y su participación en la pitufopolítica. ¡El Congreso no es una oficina de encubrimiento!”, afirmó en un mensaje publicado en redes sociales.

La acción judicial presentada busca, además, resguardar los derechos fundamentales de los congresistas a ejercer dicho control, tal como lo establece la Constitución. En ese sentido, Pedraza, una de las congresistas que apoyó la moción y que también ha cuestionado la demora en este proceso, no ocultó su molestia. “Preocupa que no se estén dando los debates de control político en la Cámara, pero preocupa aún más que Benedetti siga sin darle la cara al país por sus actuaciones”.

Según la congresista, exlíder estudiantil, los obstáculos para avanzar con este debate afectan tanto a los legisladores de oposición como a los demás representantes a la Cámara, quienes tienen el derecho de cuestionar al ministro por presuntas irregularidades. La molestia radica en las declaraciones dadas por el ministro, en las que habría amenazado a los integrantes del Congreso, tras el hundimiento en ese entonces de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado.

La solicitud inicial para el debate se radicó el 19 de marzo, liderada por Pedraza y otros congresistas de diversos partidos. El objetivo era que el ministro Benedetti respondiera por una serie de polémicas que incluyen presuntas amenazas a congresistas, nexos con estructuras corruptas y participación en los presuntos nexos con el zar del contrabando en Colombia: Diego Marín Buitrago, alias Papá Pifufo, por el aporte que, al parecer, hizo aportes a la campaña política.

De acuerdo con la Ley 5 de 1992, el presidente de la Cámara tenía un plazo de 10 días hábiles para programar la discusión una vez cumplidos los requisitos legales. A pesar de esto, Jaime Raúl Salamanca no ha dado curso a la solicitud, lo que ha acrecentado las críticas a su gestión. La acción de tutela que radicó Uscátegui pretende establecer argumentos, desde su concepto válidos, frente a lo que sería la negativa de Salamanca a someter la moción a consideración de la plenaria.

“Es increíble que debamos recurrir a una tutela contra el presidente de la Cámara de Representantes para que agende este debate. Los representantes de la oposición y otros partidos tenemos derecho a que se cumplan las garantías constitucionales y legales”, indicó el congresista, hijo del general retirado Jaime Humberto Uscátegui. Para el parlamentario, es claro que las decisiones de Salamanca en ese sentido representan un incumplimiento de sus deberes en el cargo.

En su reclamo, Pedraza también resaltó un escándalo que implicaría directamente a Benedetti. Lo anterior, luego de que salieran recientemente a la luz grabaciones en las que supuestamente habría ofrecido coimas a un abogado a cambio de hacer ajustes en casos en su contra, lo que, a juicio de la congresista, este tipo de actos solo pueden ser calificados como “descaro”. Y que, pese a las acusaciones, “todavía el ministro se pasea impune por la Casa de Nariño y el Congreso”.

Ambos congresistas han dicho que las denuncias contra Benedetti están sustentadas en normas como el artículo 135 de la Constitución y los artículos 6 y 30 de la Ley 5 de 1992, que permiten a los legisladores citar mociones de censura cuando existan motivos sobre la gestión de funcionarios públicos. Entre las acusaciones que pesan sobre Benedetti también se cuentan denuncias de violencia de género, actos que violarían la moralidad pública y otros casos asociados a su trayectoria.