Las organizaciones al margen de la ley continúan generando rechazo por los hechos que atentan contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, los cuales pretenden justificar en sus propias políticas y que terminan siendo “resarcidos” con otro tipo de acciones, como es el caso del secuestro y posterior liberación de varios colombianos.
Por medio de un comunicado oficial, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó en la tarde del viernes 16 de mayo de 2025 que se llevó a cabo la liberación de Gabriel Girón Díaz, campesino que había sido secuestrado en agosto de 2024 en inmediaciones de la vereda Normandía, en el municipio de Puerto Rondón (Arauca).
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La noticia fue divulgada a través de redes sociales, donde se compartió el comunicado emitido por ese grupo armado ilegal:
“El Frente de Guerra Oriental, Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño, del Ejército de Liberación Nacional (ELN), saluda al pueblo del oriente colombiano, el país, y el mundo e informa:
- En cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario DIH y una vez concluido el debido proceso acordé a la juridicidad del ELN, hoy dejamos en libertad al señor Gabriel Girón Díaz”.
La retención de este hombre se produjo exactamente el 20 de agosto, luego de ser interceptado por hombres armados que lo privaron de su libertad y lo trasladaron con rumbo desconocido.
Finalmente, hacen un llamado a la comunidad rural a no aceptar ofertas de trabajo provenientes de “mercenarios narcoparamilitares de Pescado y el psicópata Medina.¡Colombia para los trabajadores, ¡Ni un paso atrás, liberación o muerte!¡Ni rendición ni entrega, ¡siempre junto al pueblo!”.
En las imágenes compartidas por el Frente de Guerra Oriental se observa que miembros de la Defensoría del Pueblo y un sacerdote acompañaron la liberación para garantizar la correcta ejecución del proceso.
ONU e Iglesia ofrecieron ayuda para liberación de menor secuestrado por las Farc
El 3 de mayo de 2025 se reportó el secuestro de Lyan José Hortúa, un niño de 11 años, en la zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, suroeste de Colombia.
Con respecto a este hecho, la Organización de las Naciones Unidas y la Arquidiócesis de Cali se pronunciaron y ofrecieron sus recursos y apoyo para lograr la liberación del menor y su pronto regreso al seno de su familia.
«Como organizaciones que trabajan por la paz reiteramos que la libertad es un derecho inviolable que nada ni nadie puede coartar», señalaron, al tiempo que hicieron un llamado «por el fin del secuestro y de toda afectación a la vida y las libertades de los niños y niñas y su uso en los conflictos armados».
Según el general Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali, el objetivo inicial del secuestro habría sido el padrastro del menor, un comerciante local.
Al no encontrarlo en la vivienda, los captores habrían decidido llevarse a Lyan que estaba al interior de sus vivienda. Desde la Policía se atribuyeron los hechos, el secuestro habría sido perpetrado por la estructura Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc liderada por alias Iván Mordisco.
Desde la Gobernación del departamento del Valle del Cauca se ofreció una recompensa de $200 millones para las personas que entreguen información que pueda contribuir con la ubicación del menor.
Las manifestaciones de rechazo por este crimen de lesa humanidad, que en la comunidad del municipio de Jamundí realizaron movilizaciones para pedir la liberación de Lyan José Hortúa.
Así mismo, desde las diferentes organizaciones y autoridades en el territorio se ha convocado a unas marchas en la ciudad de Cali para el lunes 19 de mayo para rechazar su desapareció forzada. El punto de concentración dará el parque de las Banderas a las 7:00 a. m. que pretende culminar en las instalaciones de la Gobernación.
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