Presunto abusador de menores en hogar del Icbf en Bogotá demandó por agresión a la madre de uno de los niños afectados: “Ya me llegó la citación”

Freddy Castellanos, un docente con una trayectoria de 10 años en instituciones educativas públicas y privadas, enfrenta graves acusaciones de abuso sexual contra menores en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Bogotá.

Según informó la Fiscalía, el hombre fue detenido el pasado 6 de mayo y enviado a la cárcel La Modelo, tras ser imputado por los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años.

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Las investigaciones preliminares señalan que Castellanos habría aprovechado su posición como cuidador para simular juegos con niños de 3 años y someterlos a actividades de índole sexual entre marzo y abril de este año.

De acuerdo con las madres de los menores presuntamente afectados, que compartieron sus testimonios en el pódcast Más allá del silencio, presentado por el periodista Rafael Poveda, el caso no solo involucra al acusado, sino a otros trabajadores del hogar infantil, que habrían mostrado una actitud de encubrimiento y desconfianza hacia las denuncias de los niños.

Una de las madres relató que, al enterarse del presunto abuso contra su hija, acudió al hogar del Icbf para solicitar información sobre Castellanos.

Sin embargo, el personal del lugar se negó a proporcionarle datos sobre el acusado, obligándola a buscar por otros medios.

Según su testimonio, mientras intentaba obtener información, Castellanos pasó cerca de la oficina, lo que generó sospechas en la mujer.

La situación escaló cuando, al salir del lugar, la madre se encontró cara a cara con Castellanos, que, según su relato, reaccionó huyendo.

“El tipo estaba asustado. (...) Estábamos afuera de la institución y él me vio y arrancó a correr. ¿Por qué corre si yo no le dije nada? Y en mi furia como mamá, yo arranco a correr y lo agredo”, explicó en el pódcast.

Este incidente derivó en una demanda por agresión presentada por Castellanos contra la mujer, que asegura que una trabajadora del hogar infantil le habría proporcionado al acusado sus datos personales sin autorización.

“Esta señora le dio los datos míos sin mi autorización a este tipo para que entablara una demanda por agresiones en mi contra”, afirmó Margy Espinel, una de las madres.

En ese momento Rafael Poveda le hizo esta pregunta: “¿Me estás diciendo que este tipo te demandó por agresión?"

A lo que Margy le contestó: “Sí, sí, sí. Incluso ya le llegó la citación”.

Así mismo, las madres también denunciaron que, tras las manifestaciones en el hogar del Icbf, fueron objeto de descalificaciones por parte del personal de la institución. Según una de ellas, la directora del hogar calificó las denuncias como “simples especulaciones” y justificó las acciones legales emprendidas por Castellanos contra quienes lo agredieron.

“¿Por qué me pregunta cómo está mi hijo? ¿Usted qué sabe mi hijo? ¿Usted sabe lo que le estaba pasando a mi hijo y a los otros niños?. Y ella se queda callada. Le digo. ¿Por qué no habla?. Entonces ella me dice: “Ay, mamá, son especulaciones”. Le dije, para usted lo que está diciendo mi chiquitín es una especulación, y lo que comentó la chiquitina es una especulación”, dijo Paula Narváez, otra de las madres de los niños afectados.

Además, las entrevistadas señalaron que el acusado habría recibido apoyo de algunos empleados del lugar, que minimizaron las acusaciones y obstaculizaron el acceso a información clave.

“Entonces ella me dice: ”Estas son simplemente especulaciones"“, comentó Paula.

En el pódcast, las madres expresaron su indignación ante lo que consideran una complicidad institucional. Una de ellas cuestionó las funciones que desempeñaba Castellanos en el hogar infantil, afirmando que no era su responsabilidad cuidar niños de otros cursos ni cambiar pañales.

“Están encubriendo a este profesor en los actos que les ha hecho a nuestros hijos. Hay una complicidad total, porque no solo fue mi hijo, sino también mi sobrino. (...) Queremos que nos den respuestas, que pongan la cara”, expresó Paula Narváez.

Las entrevistadas también señalaron irregularidades en el manejo de las pruebas y la actuación de las entidades responsables. Según una de las madres, durante una reunión en la institución, la coordinadora habría retirado discos duros, lo que generó sospechas sobre un posible intento de ocultar evidencia.

“Esta es la hora en que no ha llegado Fiscalía, CTI o algo”, afirmó, subrayando que aún quedan muchas incógnitas por resolver en el caso.

La Fiscalía, por su parte, indicó que las imputaciones contra Castellanos se sustentan en denuncias formales, evaluaciones psicológicas realizadas por un equipo especializado y dictámenes de Medicina Legal.

Estas pruebas habrían permitido establecer que el acusado utilizó su posición para cometer los presuntos abusos. Mientras tanto, las madres de los menores afectados continúan exigiendo justicia y respuestas claras sobre las acciones de las autoridades y del ICBF en este caso.