Durante la audiencia celebrada en el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación emitió su concepto sobre una demanda de pérdida de investidura presentada contra 28 congresistas, en su mayoría pertenecientes a la coalición Pacto Histórico, movimiento liderado por el presidente Gustavo Petro.
En la audiencia, el procurador delegado del caso José Holguín calificó este recurso como “irrelevante”, al considerar que no cumplía con los requisitos legales necesarios para activar este mecanismo.
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“Resulta irrelevante entrar a hacer algún análisis sobre el comportamiento ético por parte de los congresistas sobre su actuar doloso o gravemente culposo (...) pero al no estar configurado el elemento objetivo, pues resulta irrelevante”, indicó el funcionario durante la audiencia.
Holguín señaló que no se configuraron las tres causales esenciales para proceder con la pérdida de investidura, las cuales deben ser “particular, directo y actual”.
En este sentido, afirmó que, al no cumplirse estas condiciones, cualquier evaluación sobre la conducta dolosa o gravemente culposa de los congresistas resultaba innecesaria.
Así mismo, el procurador delegado se refirió al otro cargo imputado a los congresistas, que es actuación dolosa, manifestando que, para el demandante, hubo irregularidades en el trámite de proyectos de acto legislativo en el año 2022.
“Debemos decir que está acreditado que sobre estos proyectos de acto legislativo se llevó a cabo una audiencia pública el 8 de noviembre de 2022, en el cual esos proyectos de acto legislativo fueron ampliamente debatidos con la presencia de magistrados del Consejo Nacional Electoral, académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales, entre otros”, manifestó.
El recurso fue presentado por Alberto Restrepo, un ciudadano que argumentó que los congresistas en cuestión habían intentado reformar la Constitución de manera irregular.
En medio de la audiencia, el demandante expuso las razones que lo llevaron a radicar la demanda, entre ellos, una posibilidad de reformar la Constitución Política, en el tema de topes electorales y financiación de campañas.
“A juicio de este accionante, esos actos de corrupción son de máxima y extrema gravedad, por cuanto abusando de la reforma de la Constitución que tiene el Congreso, los congresistas presentaron dos proyectos de actos legislativos, los cuales buscaban la reforma de la Constitución”, sostuvo Restrepo.
La pérdida de investidura es un mecanismo legal en Colombia que busca sancionar a los congresistas que incurran en faltas graves durante el ejercicio de sus funciones. Entre las causales más comunes se encuentran la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el incumplimiento de deberes constitucionales y legales, y la gestión indebida de intereses privados.
Fase previa del proceso judicial
Durante este periodo, varios de los acusados han presentado excepciones previas, argumentando que no se cumplen los elementos objetivos necesarios para configurar la causal de pérdida de investidura.
Asimismo, han señalado que las pruebas aportadas por el demandante son insuficientes. Sin embargo, el 27 de marzo, el demandante rechazó estas objeciones y reafirmó sus argumentos, optando por no solicitar nuevas pruebas en esta fase del proceso.
El despacho del magistrado Luis Álvarez Parra ha aclarado que los aspectos de fondo de las acusaciones no serán resueltos en esta etapa inicial, sino que serán analizados en la sentencia definitiva.
Por ende, la audiencia realizada el miércoles 14 de mayo se centró en aspectos preliminares del caso, por lo que dejó las decisiones finales para una etapa posterior del proceso judicial.
Entre los congresistas señalados se encuentran figuras prominentes del Pacto Histórico, la coalición política que respalda al presidente Gustavo Petro. Algunos de los nombres destacados en la lista son María José Pizarro, Clara López Obregón, Isabel Cristina Zuleta, Esmeralda Hernández, Alex Flórez, Heráclito Landinez, David Alejandro Toro, Susana Gómez, Alejandro Ocampo, Andrés Cancimance, Jorge Hernán Bastidas y Alirio Uribe Muñoz, entre otros.
El caso ha generado atención debido a la magnitud del grupo de legisladores implicados, todos ellos integrantes de una de las principales coaliciones políticas del país. Sin embargo, la decisión de la Procuraduría de no avanzar con el análisis del recurso marca un punto crítico en el proceso, dejando en manos del Consejo de Estado la determinación final sobre la viabilidad de la demanda.
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