Magistrada Lombana cuestionó proceso contra Iván Name y Andrés Calle: “Vulneró derechos y garantías fundamentales”

Durante la noche del lunes 12 de mayo se desató una nueva controversia dentro del proceso penal a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, ahora en la cárcel, por cuenta del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Resulta que la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, expresó su desacuerdo con la decisión de abrir una investigación formal contra los excongresistas, porque según ella las pruebas utilizadas en el caso presentan irregularidades, informaron en la revista Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Lombana fue la única magistrada que votó en contra de ese proceso y presentó salvamento de voto fundamentado en que en que las indagaciones a Name y Calle se basaron en las declaraciones de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, las cuales fueron obtenidas durante negociaciones inconclusas de principios de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación explicaron en el periódico El Tiempo.

Agregaron en el diario bogotano que la magistrada además señaló que estas pruebas están “viciadas por su ilicitud” y no cumplen con los requisitos legales para ser consideradas válidas en un proceso penal. Afirmó que el uso de estas declaraciones vulnera el debido proceso y los derechos fundamentales de los declarantes.

En su escrito, Lombana criticó que los derechos de López y Pinilla, como el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, fueron violados. La magistrada acusó al representante del Ministerio Público de haber promovido esta situación, ejerciendo presión indebida sobre los testigos para que declararan antes de que se concretaran los principios de oportunidad solicitados por sus defensas.

Por otro lado, Lombana cuestionó la legalidad de gran parte del material probatorio presentado por la Fiscalía. En particular, señaló que las declaraciones y conversaciones obtenidas mediante el principio de oportunidad ofrecido a los exfuncionarios del organismo de atención de emergencias no fueron evaluadas adecuadamente. Según la magistrada, estas pruebas presentan vicios legales que podrían invalidar todo el proceso penal derivado de ellas, indicaron en la emisora Blu Radio.

Aparte de las irregularidades en la obtención de pruebas, Lombana también criticó la omisión de un análisis sobre el delito de Financiación de Campañas Electorales con Fuentes Prohibidas, un aspecto que considera fundamental en el caso. Lombana subrayó que este delito no fue debidamente examinado en la decisión de la Sala de Instrucción, señalaron en el medio radial.

En su salvamento de voto, Lombana insistió en que el despacho instructor vulneró derechos y garantías fundamentales de los declarantes, lo que, a su juicio, compromete la validez del proceso y argumentó que las pruebas obtenidas en estas condiciones no solo son ilegales, sino que también afectan la integridad del sistema judicial al no respetar los principios básicos del debido proceso, recogieron en El Tiempo.

El caso, que involucra a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, ha generado un amplio debate sobre la legalidad de las pruebas y el respeto a los derechos fundamentales en los procesos judiciales. La posición de Lombana pone en el centro de la discusión la forma en que se manejan las negociaciones de principios de oportunidad y su impacto en la validez de los testimonios obtenidos, recordaron en Semana.

Name y Calle son señalados de recibir 4.000 millones en supuestos sobornos para agilizar el tramite de las reformas sociales que impulsa el presidente, Gustavo Petro, en el Lesgislativo.

No obstante, el mandatario sostiene que esa hipótesis no tiene sentido, ya que el entonces presidente del Senado, por el contrario dilató e intentó archivar la reforma pensional.