La Cidh alertó por el manejo de Rtvc y dio credibilidad a denuncias de que estaría censurando a los críticos de Petro

El más reciente informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), elaborado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele), puso en evidencia lo que sería una realidad de a puño en Colombia: la censura en el sistema de medios públicos Rtvc de los contenidos y posiciones que puedan afectar la imagen del presidente de la República, Gustavo Petro.

Según el organismo internacional, en su extenso balance revelado el viernes 9 de mayo de 2025, el país registra serias deficiencias en la operación de su sistema de medios públicos, las cuales incluyen la omisión deliberada de temas y voces críticas hacia el Gobierno nacional actual, además de reseñar los serios riesgos para la seguridad de los periodistas; en especial, en regiones apartadas. De hecho, el documento posiciona a Colombia como el segundo país más peligroso de la región para ejercer el oficio.

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De acuerdo con la Rele, el sistema de medios públicos ha mostrado indicios de falta de independencia, lo que afecta su función como proveedor de información imparcial. “La Relatoría Especial recibió denuncias sobre posibles amenazas a la pluralidad informativa, sobre todo relacionadas con el uso de los medios públicos para promover y difundir exclusivamente la versión oficial del Gobierno, lo que estaría limitando el espacio para la crítica y el disenso”, afirmó la Cidh.

De hecho, el organismo enfatizó que Rtvc no operaría con independencia, pues "estaría omitiendo temas percibidos como desfavorables para la administración del Presidente, lo que resultaría en una falta de acceso a información completa e imparcial”. Sobre todo cuando se precisa, tal como desde el mismo sistema lo han hecho, que llegan a poblaciones donde no hay presencia de otros medios, lo que para los relatores afecta a “quienes tienen acceso limitado a otras fuentes de información.

Las denuncias también revelan la asignación de contratos en esta entidad a activistas y personas cercanas al Ejecutivo, que carecen de experiencia periodística. Lo anterior, en contraste con el espíritu de la Directiva Presidencial No. 11, a través de la cual Petro ordenó a todos sus ministerios, destinar el 33,3% de sus partidas presupuestales destinadas a comunicación para divulgar información a través de medios alternativos; lo que en otras latitudes se conoce como la Ley de Tercios.

“La Cidh conoció reportes sobre de las organizaciones, quienes también manifestaron su preocupación por la asignación de contratos en Rtvc a activistas e influencers sin formación o experiencia periodística, lo que genera dudas sobre su idoneidad para ocupar ciertos cargos dentro ○de la entidad", se precisó en el apartado de Colombia.

Relatoría del Cidh denunció el uso de los medios públicos en favor de Petro y presuntos casos de acoso en Rtvc

En esa misma línea, el informe también señaló lo que sería el uso desmedido de los medios públicos como plataforma de promoción gubernamental, en detrimento de narrativas contrarias al oficialismo. Según se detalló por parte de la Rele, las denuncias recibidas indican que la publicidad oficial se concentra casi exclusivamente en difundir mensajes alineados con la versión oficial del Gobierno; en perjuicio de los medios privados.

“(Las denuncias) señalaron que el acceso a la pauta publicitaria estaría condicionado a la alineación con la visión del Gobierno nacional, destacando una reducción significativa de la publicidad oficial para medios privados, concentrándose en los públicos, especialmente Rtvc“, se leyó en el referido informe.

Por tal motivo, la Cidh advirtió que garantizar la independencia de los medios públicos es un “asunto persistente” que ha sido documentado a lo largo de los años. “Los medios públicos no deben ser utilizados como herramientas de propaganda gubernamental, sino como espacios informativos y culturales autónomos que actúen al servicio de los intereses de la sociedad”, añadió el organismo, en relación con la infraestructura oficial al mando del periodista Hollman Morris.

El informe también dio visibilidad a otro de los problemas asociados con Rtvc, ajenos al contenido editorial: los testimonios sobre posibles casos de acoso laboral dentro de la entidad, que llevaron a la Procuraduría General de la Nación a iniciar una investigación sobre estas presuntas conductas. Asimismo, enfatizó que asegurar la inclusión de voces plurales y diversas en los medios es esencial para una democracia funcional, por lo que instó al Estado a destinar recursos que puedan garantizar contenidos de la mayor calidad y diversidad.

“La Relatoría Especial advierte la importancia de que los medios públicos sean verdaderamente independientes del Poder Ejecutivo, pluralistas, accesibles y cuenten con financiamiento adecuado, sistemas de gobernanza, políticas editoriales que favorezcan la integridad de la información de interés público y prevengan la propaganda, así como mecanismos de rendición de cuentas y participación", se precisó en el informe en cuestión.

Preocupante panorama sobre la “violencia letal” contra los periodistas en Colombia

A su vez, otro enfoque del informe dio a conocer la inquietante realidad sobre violencia contra los comunicadores en Colombia. Durante 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) registró el asesinato de al menos siete periodistas, lo que solo es superado por México en la región; por lo que Colombia es el segundo país con mayores riesgos para adelantar la labor informativa a la ciudadanía.

Entre las víctimas reportadas por el organismo internacional figuran profesionales como Mardonio Mejía Mendoza, director de la emisora Sonora Estéreo, asesinado el 24 de enero en San Pedro (Sucre), y Steven Andrés Fajardo, locutor y director de Triunfadora Stéreo, muerto el 21 de noviembre en Doradal. “Estos casos reflejan un ambiente de vulnerabilidad creciente, especialmente para los periodistas en localidades remotas o pequeñas”, se leyó en el reporte.

En ese mismo orden, el documento reveló un entorno hostil que no se limita a agresiones por parte de actores armados o la ciudadanía; pues también implica actos de estigmatización y hostigamiento desde el Estado. Durante el año pasado, varios funcionarios públicos habrían deslegitimado y atacado verbalmente a periodistas, como el ataque de Gustavo Petro a la periodista María Jimena Duzán, a la que calificó a finales de junio de 2024 de practicar “periodismo Mosad”; en una referencia a la agencia de inteligencia israelí en el exterior.

Según la Cidh en su demoledor informe, tras estas declaraciones la periodista recibió amenazas y fue señalada en redes sociales como terrorista. De la misma manera, se mencionó otro discurso del mandatario, en su visita al Chocó, en donde se refirió a las mujeres periodistas como “muñecas de la mafia”, lo que la relatoría definió como una expresión estigmatizante.