La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, denunció el martes 13 de mayo haber sido objeto de amenazas contra su vida e integridad, así como la de su familia, luego de una serie de acusaciones relacionadas con la expedición de un decreto presidencial que fue corregido por el propio presidente Gustavo Petro días atrás.
En un comunicado difundido por la Presidencia de la República, Rodríguez sostuvo que está siendo víctima de una “persecución sistemática y reiterados ataques personales” por parte de sectores que buscan “dividir y desestabilizar al Gobierno Nacional”.
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La funcionaria afirmó que estos señalamientos “carecen totalmente de veracidad” y advirtió sobre su impacto en su seguridad y la de su entorno familiar.
“Estos ataques también constituyen una grave vulneración a mis derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la dignidad humana”, manifestó Rodríguez. Añadió que lo que inició como una crítica política se ha transformado en “actos de desinformación, hostigamiento y violencia simbólica”, especialmente dirigidos en su contra por su condición de mujer y madre cabeza de hogar.
Rodríguez fue contundente al señalar que iniciará acciones legales contra quienes hayan divulgado información falsa en su contra: “Aclaro que las conductas por las cuales se me señala no corresponden, en ningún caso, al ámbito funcional ni a las competencias del cargo que actualmente ocupo [...] Por ello, informo que iniciaré las acciones legales pertinentes en contra de quienes resulten responsables”.
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Denuncia en curso
Este pronunciamiento ocurre tras conocerse una denuncia formal radicada ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la ciudadana Estefanía Orozco Torres, que acusó a la directora del Dapre de haber participado en la expedición del Decreto 499 de 2025, publicado el 9 de mayo, que delegaba funciones presidenciales al ministro del Interior, Armando Benedetti, durante la visita de Petro a China.
Pocas horas después de la publicación del decreto, el propio presidente Petro corrigió el acto administrativo y designó como encargado del país al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ya ha asumido ese rol en anteriores ocasiones.
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La denuncia sugiere que Benedetti fue acreditado con “una certificación ideológicamente falsa” que lo identificaba como miembro del movimiento político del presidente, condición legalmente necesaria para recibir funciones presidenciales: “El Sr. Benedetti indica que él considera que hace parte del partido Colombia Humana desde el primer momento, pero que ignora si existe registro de lo anterior”.
Según el documento, Rodríguez habría tenido la responsabilidad de verificar la autenticidad de dicha certificación antes de la firma presidencial. Sin embargo, según la denuncia, habría permitido o facilitado la expedición de un decreto basado en información falsa o inducida en error.
El apartado donde se exponen los hechos de la denuncia concluye diciendo: “La gravedad institucional de lo sucedido fue reconocida por varios medios de comunicación y expertos en derecho constitucional, quienes han advertido posibles responsabilidades penales por falsedad en documento público, abuso de función pública o fraude”.
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Además, la denuncia advierte que “la solicitud se fundamenta en la necesidad de proteger la transparencia y la legitimidad de los actos presidenciales”, en relación con hechos que “involucran la posible falsificación ideológica de un documento público y el compromiso de la voluntad del Presidente”. Según lo expuesto, esta situación “afecta directamente la confianza en las instituciones del Estado y la fe pública”.
En su escrito, la denunciante concluye solicitando que “se adelante la investigación penal correspondiente y se tomen las medidas necesarias para esclarecer los hechos, proteger la legalidad de los actos administrativos presidenciales y determinar si hubo dolo por parte de la funcionaria denunciada”.
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