Petro niega sobornos y ofrece dar testimonio a la Corte Suprema de Justicia por escándalo de la Ungrd

En relación con el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd, el presidente Gustavo Petro manifestó su disposición a declarar ante la Corte Suprema de Justicia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario negó haber sobornado al exsenador Iván Name, que recientemente fue capturado. “Estoy dispuesto a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Petro.

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El presidente también lanzó fuertes acusaciones contra Name, a que señaló de haber retrasado deliberadamente la aprobación de la reforma pensional durante siete meses mientras esta permanecía en el Senado.

Petro aseguró que este retraso tenía como objetivo que la reforma se hundiera por falta de tiempo. En sus declaraciones, el mandatario explicó que, una vez el proyecto pasó a la Cámara de Representantes, solicitó a su bancada que aprobara el texto tal como había sido aprobado en el Senado, evitando así más bloqueos en el proceso legislativo.

El presidente detalló que su decisión de pedir la aprobación directa del texto del Senado buscaba impedir que Name, que tenía un plazo limitado para nombrar un comité de conciliación, utilizara esta herramienta para frenar la reforma.

“Yo mismo le pedí a mi bancada que debatieran la reforma en la plenaria de la Cámara, pero que se aprobara el texto del Senado, para que Name, que tenía solo dos días para nombrar comité de conciliación, no la hundiera, simplemente no nombrándolo”, explicó Petro.

En respuesta a las acusaciones de soborno, Petro argumentó que, de haber existido tal acto, la reforma no habría permanecido bloqueada durante tanto tiempo. “Si Name hubiera sido sobornado por mí, como dicen, no hubiera estado engavetada la reforma pensional siete meses”, afirmó.

Además, destacó que la aprobación del texto del Senado en la Cámara permitió que la reforma se convirtiera en ley de manera inmediata, sin necesidad de conciliación.

Sin embargo, este procedimiento fue cuestionado ante la Corte Constitucional, donde se argumentó que la Cámara no había debatido adecuadamente el proyecto, algo que Petro negó categóricamente.

El caso de Iván Name, que fue trasladado al centro penitenciario La Picota tras su captura, ha generado un intenso debate político en Colombia. Según el presidente Petro, Name habría utilizado su posición para obtener beneficios personales y financiar la campaña política de su hija.

“Miren la acción de robo sobre el erario que administra mi Gobierno, al que se oponía virulentamente, como una acción para financiar la campaña de su hija. Solo miren las fechas, tanto de la campaña de la hija, como de los siete meses de engavetamiento de la reforma”, señaló el mandatario.

El caso de corrupción que involucra a Name y a otros exfuncionarios ha generado un amplio debate político en Colombia.

Según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Name, miembro del Partido Verde, y Andrés Calle, del Partido Liberal, enfrentan cargos por cohecho y peculado. Las investigaciones apuntan a que ambos habrían recibido un total de 4.000 millones de pesos colombianos como parte de un esquema de sobornos.

Estos pagos, según las autoridades, buscaban asegurar el apoyo de los excongresistas a las reformas impulsadas por el Gobierno de Petro, entre ellas la reforma a la salud y la reforma pensional.

El esquema de corrupción se sustenta en el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, que declaró que en 2023 se distribuyeron 4.000 millones de pesos provenientes de actos ilícitos dentro de la entidad.

Pinilla aseguró que entregó personalmente 3.000 millones a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle. Estas transacciones habrían ocurrido entre septiembre y octubre del 2024, tras reuniones en las que también participaron Olmedo López, entonces director de la Ungrd; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; y Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, que también se encuentra detenida.

De acuerdo con las investigaciones, los fondos utilizados para los sobornos provenían de un contrato con sobrecostos destinado a la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira, una región históricamente afectada por la falta de acceso a este recurso.

Sin embargo, los vehículos adquiridos están actualmente fuera de servicio. Además, parte del dinero habría sido desviado para financiar campañas políticas de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que Iván Name y Andrés Calle permanecerán detenidos en La Picota mientras avanza el proceso judicial. Según El Espectador, la captura de ambos excongresistas fue ordenada por la Corte Suprema el pasado 7 de mayo.

Este caso ha puesto en el centro del debate las prácticas de corrupción en la administración pública y su impacto en proyectos clave del Gobierno, como las reformas estructurales promovidas por Petro.