La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) adjudicó oficialmente el contrato de alimentación para las personas privadas de la libertad, a pesar de que la Secretaría de Transparencia de la Presidencia solicitó frenar el proceso debido a denuncias de posible corrupción dentro de la entidad.
El proceso licitatorio fue formalizado el 29 de abril mediante la Resolución No. 000299, y contempla la prestación del servicio de alimentación en cárceles, estaciones de policía y centros transitorios de detención del país.
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Aunque la Uspec defendió la legalidad de la adjudicación, afirmando que se dio cumplimiento a todas las disposiciones legales y que el proceso estuvo acompañado por cinco veedurías ciudadanas y un delegado de la Procuraduría General de la Nación, las denuncias no han pasado desapercibidas.
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La Veeduría Alimentación Uspec había solicitado suspender el proceso para investigar posibles irregularidades, a través de un oficio enviado a la Secretaría de Transparencia.
“La adjudicación (…) dio estricto cumplimiento a todas las garantías de tiempo, publicación, transparencia y contestación de observaciones, rigiéndose por los preceptos legales establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015”, aseguró la entidad en su defensa.
Denuncias por presunta concusión y conflicto de interés
La controversia surgió luego de que se alegara un posible acto de concusión, es decir, la exigencia de dádivas indebidas, por parte de una funcionaria de la propia entidad. La denuncia, recibida por la Secretaría de Transparencia el 28 de abril, fue puesta en conocimiento a través de la Oficina de Control Interno de la Uspec, que tiene a su cargo la investigación de posibles irregularidades administrativas.
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Según la veeduría, una coordinadora del Grupo Precontractual de la Dirección de Gestión Contractual habría influido indebidamente en la adjudicación del contrato, lo que podría configurar un conflicto de interés o incluso un acto de corrupción.
Ante la gravedad de los señalamientos, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, recomendó a la Uspec tomar medidas preventivas urgentes. “Recomendamos la suspensión del proceso de adjudicación del contrato mientras se investigan los hechos denunciados, así como la separación temporal del cargo de la funcionaria señalada”, manifestó Idárraga en comunicación oficial.
Asimismo, la Secretaría de Transparencia elevó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra la Corrupción, para que adelante una investigación penal con el fin de establecer si efectivamente ocurrió el delito de concusión.
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También se pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación para evaluar la legalidad del proceso licitatorio y, en caso necesario, imponer sanciones disciplinarias. La Contraloría General de la República, por su parte, fue encargada de realizar un control preventivo y concomitante debido al alto monto del contrato.
El valor total de la contratación asciende a $1,1 billones de pesos, repartidos en dos vigencias fiscales. Para 2025, el contrato fue adjudicado por un valor de $644.631 millones, mientras que para 2026, con recursos proyectados a través del mecanismo de vigencias futuras, el monto asciende a $459.711 millones. Este monto incluye impuestos y todos los gastos asociados a la operación del servicio de alimentación.
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La Uspec detalló que la licitación se dividió por grupos y contó con 20 oferentes, lo que —según la entidad— garantiza la pluralidad de participación y la transparencia del proceso. La resolución de adjudicación se encuentra publicada en el Portal Único de Contratación Secop II para consulta pública.
El caso revive el debate sobre los mecanismos de vigilancia y control en licitaciones multimillonarias y pone de relieve las tensiones entre la legalidad formal de los procesos administrativos y la necesidad de prevenir posibles actos de corrupción. Mientras tanto, la entidad avanza con la ejecución del contrato, aun cuando las investigaciones continúan.
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