Un nuevo episodio ha dejado el lamentable caso que ha resonado en toda Colombia y que tiene como epicentro a la Asociación Parque el Canadá, encargada de operar el Hogar Infantil Canadá Sede F, ubicado en el barrio Villa Javier, localidad de San Cristóbal (suroriente de Bogotá).
Allí se denunció por parte de un grupo de padres y madres de familia que se habrían registrado actos de abuso sexual contra menores (como mínimo serían doce los casos), y el responsable de los abusos sería el hoy detenido, el profesor Freddy Arley Castellanos Velasco.
En este caso, el nuevo hallazgo que se reportó durante la tarde del jueves 8 de mayo de 2025 dio cuenta que la Asociación Parque el Canadá no cumplía con los requisitos establecidos para contratar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
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Esta grave acusación fue hecha por parte de la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), que ha cuestionado las irregularidades en la gestión de este operador y el papel del Icbf en el caso, y que dicho sea de paso fue citado a un debate de control político, tras lo anunciado por parte de la senadora Nadia Blel Scaff, senadora del Partido Conservador el mismo jueves.
El Instituto fue llamado junto a la Policía Nacional ante “la ausencia total de vigilancia, prevención y acción efectiva por parte del Estado y las autoridades competentes”, declaró Blel.
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Los nuevos hallazgos tras investigación que se abrió por casos de abuso sexual en jardín infantil de Bogotá: la Asociación Parque el Canadá no quedó bien parada
Según la investigación de Pedraza, la Asociación Parque el Canadá, aunque se presentó a varios procesos de contratación en 2025, no cumplía con los estándares establecidos por el Icbf para operar en el ámbito de la atención infantil.
Pese a no estar habilitada, la entidad continuó operando y gestionando varios jardines infantiles en Bogotá.
“En 2024, el Icbf le otorgó trece contratos por un valor superior a los $5.397 millones de pesos”, explicó la representante a la Cámara, lo que pone en evidencia la desconexión entre los criterios de habilitación y la contratación pública.
“Pueden creer que el hogar infantil de San Cristóbal, donde ocurrieron los abusos, ha recibido más de 50 contratos desde 2017, y sólo en 2024, la Asociación Parque Canadá recibió 13 contratos por $5.397 millones”, escribió la congresista.
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Esto la llevó a preguntarse: “Si la Asociación Parque Canadá no cumple los requisitos para contratar este año, ¿por qué sigue operando contratos en Bogotá? ¿Cuál es la responsabilidad del ICBF en los casos de violencia sexual contra la niñez? ¿Dónde está la política de prevención de violencia sexual contra menores?”.
Y es que las denuncias contra la Asociación Parque Canadá no son nuevas. Desde 2015, la entidad había enfrentado problemas, incluyendo un pliego de cargos por infringir normas sanitarias al servir comida vencida y en mal estado en sus centros.
Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, la Asociación continuó recibiendo contratos de manera recurrente, lo que según Pedraza, expone la vulnerabilidad de los niños y la falta de control adecuado por parte de las autoridades competentes.
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En total, desde 2017, el ICBF ha entregado más de 50 contratos a la Asociación Parque Canadá en Bogotá, que administra 10 jardines infantiles con recursos públicos, entre ellos el Hogar Infantil Canadá Sede F (la sede de Villa Javier en San Cristóbal).
“De la negligencia a la complicidad hay un solo paso”, declaró Pedraza, refiriéndose a la falta de acciones efectivas por parte del Icbf ante estos hechos.
Adicional a lo anterior, la congresista destacó la rabia y frustración de las madres de los niños afectados por la inacción de la entidad.
Además, citó un informe de 2023 que revela que el ICBF necesita contratar cerca de seis mil trabajadores para cumplir con sus funciones, destacando el desbordamiento de la planta actual y la insuficiencia de recursos para supervisar y controlar los operadores.
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