La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República encendió las alarmas por presuntas irregularidades que comprometerían recursos públicos destinados a la salud en el departamento de Arauca.
Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia, anunció que trasladó una denuncia formal a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General y a la Contraloría Departamental de Arauca, tras encontrar múltiples inconsistencias en el uso y contratación de un avión ambulancia que pertenece al Hospital San Vicente de Arauca.
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Las anomalías detectadas se relacionan con el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 07-079 de 2021, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y el Hospital San Vicente de Arauca E. S. E., así como con el Contrato de Asociación por Outsourcing No. 001 de 2021, firmado con la empresa Aero Ambulancias S. A. S.
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El objeto de estos acuerdos era la prestación de traslados aéreos medicalizados en el departamento, sin embargo, la Secretaría evidenció graves inconsistencias entre los reportes oficiales y las operaciones realmente realizadas.
Una diferencia de más de 450 vuelos sin explicación
Uno de los hallazgos más contundentes tiene que ver con el número de vuelos ejecutados. Según explicó Idárraga, mientras la Aeronáutica Civil reporta un total de 819 vuelos realizados desde 2021, el Hospital San Vicente de Arauca apenas ha informado 363 vuelos en ese mismo periodo. Es decir, hay una diferencia de 456 vuelos sin justificar.
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Dentro de ese grupo de vuelos no reportados, llamó la atención uno en particular con destino al departamento de San Andrés, reportado por la Aeronáutica, pero no por el hospital, lo que genera dudas sobre el uso real de la aeronave, su pertinencia médica y el control sobre la operación.
Adicionalmente, el proceso contractual presenta deficiencias en materia de transparencia y publicidad. En la plataforma SECOP, el sistema oficial para la contratación estatal, la mayor parte de los documentos precontractuales y contractuales no están disponibles al público, dificultando el control ciudadano y el seguimiento institucional.
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Posible direccionamiento y falta de requisitos habilitantes
Otro de los puntos que sustenta la denuncia es la presunta ausencia de criterios objetivos para la selección del contratista. La Secretaría de Transparencia advirtió que no se establecieron reglas claras para comparar ofertas, lo que podría haber favorecido a la empresa Aero Ambulancias, a pesar de que —según la denuncia— no cuenta con habilitación del Ministerio de Salud para prestar ese tipo de servicios médicos especializados.
“Junto con la revisión de los estudios previos, permite concluir que no se le exigió experiencia específica habilitante respecto de este código, ni al convenio ni al outsourcing, incrementando el riesgo para el Estado”, puntualizó el secretario Idárraga.
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Además, se resalta que el contrato se firmó sin estimar un valor de inversión inicial, pero dos días después, mediante la Resolución No. 1338 del 9 de diciembre de 2021, el entonces director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alexander Contreras Velásquez, asignó 478 millones de pesos al Hospital San Vicente para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la red de urgencias”.
La Secretaría de Transparencia también denunció una posible falta de auditoría a la ejecución del contrato de outsourcing, lo cual habría permitido la comisión de estas irregularidades sin ser detectadas a tiempo. La aeronave involucrada es un avión King Air C90GTI del fabricante Beechcraft, matriculado como 5118, propiedad de la Unidad de Salud de Arauca y operado por el hospital público.
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El caso, que compromete recursos públicos destinados al sistema de salud y a la atención de urgencias médicas, está ahora en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría departamental. De confirmarse las irregularidades, se podrían configurar delitos contra la administración pública, como peculado por apropiación o por uso indebido, y faltas disciplinarias graves por parte de los funcionarios implicados.
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