Billy John Robledo Roa, conocido como alias el Grone o el Viejo, fue capturado en el municipio de Betulia, Antioquia, según informó el gobernador del departamento Andrés Julián Rendón.
Este hombre, señalado como integrante del Clan del Golfo, figuraba en el cartel de los más buscados de la región y tenía una orden de captura vigente por el delito de homicidio. Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que condujera a su detención.
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De acuerdo con la gobernación de Antioquia, alias El Grone estaría implicado en el asesinato de defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz y sus familiares en el departamento. Su captura representa un golpe significativo contra el crimen organizado en la región, en particular contra el Clan del Golfo, uno de los grupos armados más activos en el país. El gobernador destacó la labor de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, señalando que esta operación demuestra la capacidad operativa y el compromiso de las fuerzas de seguridad.
Esta detención se suma a otra captura relevante ocurrida en la misma semana. El pasado 4 de mayo, el Ministerio de Defensa anunció la aprehensión de alias Guacha o Boquinche, quien estaría vinculado al homicidio del líder comunitario Ricardo Valderrama en el municipio de Ituango. Por este individuo también se ofrecía una recompensa de 500 millones de pesos. Según las autoridades, estas acciones envían un mensaje claro a los grupos armados organizados: quienes atenten contra la vida de líderes sociales o amenacen la paz de las comunidades enfrentarán todo el peso de la ley.
Aunque las recientes capturas de alias El Grone y alias Guacha representan avances importantes en la ofensiva contra el crimen organizado en Antioquia, las autoridades aún enfrentan desafíos significativos en su lucha por desmantelar por completo las estructuras ilegales que operan en la región.
De acuerdo con información oficial, el cartel de los más buscados del departamento continúa activo y actualmente incluye a siete presuntos delincuentes de alta peligrosidad, cuya captura se considera prioritaria para las fuerzas del orden.
Entre estos nombres resalta el de José Gonzalo Sánchez Sánchez, más conocido con el alias de Gonzalito. Las autoridades han señalado a este individuo como uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa del país. Su historial delictivo y su rol dentro de esta estructura lo convierten en un objetivo de alto valor estratégico. En ese sentido, se ha ofrecido una recompensa cercana a los 700 millones de pesos por información que permita su ubicación y captura, cifra que refleja la gravedad de los delitos que se le atribuyen y la amenaza que representa para la seguridad de la región.
Alias Gonzalito ha sido vinculado a múltiples actividades ilegales, entre ellas el narcotráfico, la extorsión, el control armado de rutas estratégicas y la orden de homicidios selectivos en zonas rurales del departamento. Según informes de inteligencia, su influencia se extiende por diversas subregiones de Antioquia, donde actúa como articulador de operaciones criminales que afectan tanto a comunidades campesinas como a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
La permanencia de este tipo de actores armados evidencia que, aunque se han dado pasos relevantes en materia de seguridad, aún persiste una amenaza latente para la paz territorial. La reciente captura de alias El Grone implicado en el asesinato de firmantes del acuerdo de paz y otros crímenes de alto impacto así como la de alias Guacha, vinculado al homicidio del líder comunitario Ricardo Valderrama en Ituango, son señales claras del compromiso institucional por reducir la capacidad operativa de estos grupos. Sin embargo, también dejan en evidencia la profundidad de las redes criminales que han echado raíces en el territorio.
Las autoridades han reiterado que este tipo de acciones no se limitan únicamente a la persecución judicial de los cabecillas, sino que forman parte de una estrategia más amplia que busca debilitar de manera estructural a las organizaciones criminales. Esta incluye operativos en campo, inteligencia táctica, recompensas económicas, judicialización y, en algunos casos, la presión sobre redes financieras asociadas a estos grupos ilegales.
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