Francia Márquez se pronunció por secuestro de niño en Jamundí, Valle: “Un país que no garantice a sus niños un futuro está condenado al fracaso”

Según información entregada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el menor permanecería bajo condiciones inhumanas, por lo que la vicepresidenta exigió la inmediata liberación y captura de los responsables

Francia Márquez pidió a las instituciones del Estado para intensificar las labores de ubicación y liberación del pequeño - crédito Mauricio Dueñas/EFE
Francia Márquez pidió a las instituciones del Estado para intensificar las labores de ubicación y liberación del pequeño - crédito Mauricio Dueñas/EFE
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El secuestro de un niño de 11 años en una zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca, ha generado una fuerte reacción por parte del Gobierno nacional.

Según informó la Policía Metropolitana de Cali, el hecho habría sido perpetrado por el frente Jaime Martínez, una facción de las disidencias de las Farc liderada por alias Iván Mordisco.

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Este grupo armado, que opera en la región, es señalado como el principal responsable del crimen, que ha sido calificado como una transgresión a los límites del horror.

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Frente al rapto, la vicepresidenta Francia Márquez apareció en la mañana del lunes 5 de mayo para expresar su rechazo y exigir la inmediata liberación del pequeño.

En un comunicado, Márquez también hizo un llamado a las instituciones del Estado para aunar esfuerzos para encontrar al pequeño, además de encontrar a los responsables del secuestro que ha generado repudio en el país.

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“Como Vicepresidenta de la República expreso mi más firme rechazo ante el secuestro del niño de 11 años en la zona rural de Jamundí y exijo su liberación inmediata. No podemos permitir que el horror de este conflicto irracional en el que los violentos tienen sumida a Colombia toque a nuestros niños, que son esperanza y futuro de la nación. La vida es sagrada y la libertad de cualquier ser humano no es negociable, mucho menos tratándose de un menor de edad”, señaló en el comunicado la vicepresidenta.

Sin embargo, hubo una frase que generó revuelo y en el que se responsabilizaría al Gobierno nacional por este caso, haciendo alusión al “fracaso” de un país que no logra garantizar la seguridad de los menores.

“Le pido a los organismos de seguridad hacer todos los esfuerzos posibles para que este menor regrese sano y salvo lo más pronto posible con su familia y a los organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, alzar su voz en condena de este hecho. Un país que no sea capaz de garantizarle a sus niños un futuro de esperanza y paz está condenado al fracaso. Tenemos que seguir trabajando por la paz”, concluyó la vicepresidenta.

Por su parte, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, también se pronunció sobre el caso, atribuyendo el secuestro al grupo armado Jaime Martínez.

El ministro detalló que el secuestro ocurrió en una zona rural de Jamundí, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en un condominio y se llevó al menor.

Durante el ataque, una mujer que acompañaba al niño fue liberada, pero el menor permanece en cautiverio. Sánchez denunció que el niño ha sido sometido a condiciones inhumanas, como mantenerlo con los ojos vendados.

“Secuestrar a un niño de 11 años es cruzar todos los límites del horror. A esta hora, un menor está vendado, privado de su libertad por el grupo criminal Jaime Martínez, disidencias Farc de alias Mordisco”, afirmó el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado enérgico a la comunidad nacional e internacional, así como a los organismos de derechos humanos, para condenar este acto y exigir la liberación inmediata del menor.

“La vida de un niño es sagrada, y su libertad no es negociable. Nunca. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos y medios de comunicación a unirse a este llamado”, expresó Sánchez.

En su esfuerzo por agilizar la liberación del niño, la Gobernación del Valle del Cauca ha ofrecido una recompensa de 200 millones de pesos colombianos por información que permita dar con su paradero. Esta medida busca incentivar a la ciudadanía a colaborar con las autoridades en la búsqueda del menor.

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