Panorama del servicio de salud en Colombia: crisis en EPS pone en riesgo atención de millones de ciudadanos

Más de 25 millones de personas en Colombia están afiliadas a Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran intervenidas o en proceso de liquidación.

Así lo indica el Informe de Balance Social 2024 presentado por la Fundación Retorno Vital durante el evento “Pacientes y Usuarios: el propósito que nos une en salud”.

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El documento advierte sobre una creciente intervención estatal en un sistema de salud marcado por fallas estructurales, obstáculos en el acceso a servicios básicos y una crisis financiera que compromete su sostenibilidad.

De acuerdo con el informe, el 42% de las barreras reportadas por los pacientes están relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos, afectando principalmente a personas con enfermedades oncológicas, autoinmunes, metabólicas y crónicas complejas.

Estas interrupciones en los tratamientos pueden tener consecuencias graves, incluso letales. En los casos más críticos, algunos pacientes esperaron hasta 250 días para recibir sus medicamentos, mientras que, en promedio, solo accedieron a 4,7 meses del tratamiento necesario durante todo el año 2024.

Jorge García, director ejecutivo de Retorno Vital, destacó que estas dilaciones pueden significar la diferencia entre una intervención oportuna y una complicación severa.

El análisis basado en datos recopilados a través de la plataforma Suap (Somos Un Apoyo al Paciente) y el call center de la Fundación Retorno Vital, también identificó otras barreras significativas en el acceso a los servicios de salud.

Un 27% de los pacientes reportaron demoras en la asignación de citas médicas, mientras que el 21% enfrentó retrasos en los procesos de autorización de servicios.

Además, el 7% señaló la falta de convenios entre las EPS y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que dificulta la canalización adecuada de la atención.

Los tiempos de espera para acceder a servicios básicos son alarmantes. Según datos revelados por el informe, los pacientes pueden esperar hasta 135 días para la entrega de medicamentos, 92 días en promedio para una consulta con un especialista y 36 días para una cita de medicina general.

Fue así como el documento reveló las cinco EPS con más casos más críticos en la demora de la entrega de medicamentos, cuatro de ellas intervenidas por el Gobierno nacional:

1. Nueva EPS: 489
2. Coosalud: 244
3. EPS Sanitas: 209
4. Emssanar: 130
5. Salud Total EPS: 127

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander son los departamentos con mayor número de barreras reportadas, siendo Bogotá el más afectado, con un incremento del 83% en los casos registrados en comparación con 2023.

Perfil epidemiológico y presión sobre el sistema

El deterioro en el acceso a los servicios de salud también varía según la edad de los pacientes. En menores de 40 años, predominan enfermedades autoinmunes, patologías raras y trastornos neurológicos.

Entre los 41 y 60 años, se observan más casos de enfermedades oncológicas, afecciones respiratorias crónicas y trastornos cardiovasculares. En los mayores de 60 años, las enfermedades crónicas degenerativas y las condiciones metabólicas, como la diabetes, son las más comunes.

Este perfil epidemiológico, combinado con el envejecimiento de la población y el aumento de factores de riesgo, está ejerciendo una presión significativa sobre los servicios de atención médica especializada, lo que demanda soluciones integrales y sostenibles.

Aumento del gasto directo de los pacientes

Otro aspecto crítico señalado en el informe es el aumento del gasto directo que deben asumir los pacientes para acceder a servicios básicos de salud, lo que representa una barrera especialmente grave para las poblaciones más vulnerables.

En zonas urbanas, el desembolso mensual promedio supera los $110.000, mientras que en áreas rurales o de difícil acceso, los costos pueden oscilar entre $850.000 y $1.200.000. Estos gastos incluyen transporte intermunicipal, alojamiento, alimentación y la compra de medicamentos no disponibles en las redes de prestación, lo que compromete la continuidad de los tratamientos y profundiza las desigualdades en el acceso a la atención médica.