
El caso que involucra a Sandra Ortiz, exfuncionaria del Gobierno colombiano, continúa generando controversia debido a las recientes declaraciones en las que cuestiona el manejo de sus denuncias por parte de la Fiscalía.
Durante una entrevista, con Semana, Ortiz señaló que las pruebas que entregó sobre presuntas irregularidades en procesos relacionados con figuras políticas como Iván Name, Carlos Ramón González y el magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, están siendo desestimadas o calificadas como inconsistentes por parte de los fiscales a cargo.
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Ortiz aseguró que al momento de presentar las evidencias, el equipo de la Fiscalía había mostrado satisfacción con el nivel de detalle y rigor del material presentado.
“Corroboramos cada una de las cinco matrices de colaboración, reconstruyendo la información de manera clara y comprobable junto con la Fiscalía”, afirmó durante la conversación con el medio ya mencionado. Sin embargo, ahora enfrenta una actitud conflictiva y considera que la entidad ha cambiado su postura inexplicablemente.

En su denuncia, Ortiz señala que la fiscal Luz Adriana Camargo intenta proteger al magistrado Fernández, que, según fuentes citadas por Semana, pudo haber tenido un papel clave en la elección de la misma Camargo como fiscal.
Al respecto, Ortiz expresó que siente que existe un interés en bloquear sus avances: “Esta justicia se vuelve selectiva. Es decir, para unos sí y para otros no”.
En lo que respecta a su colaboración con la Fiscalía, Ortiz puntualizó que desde el inicio se comprometió en un trabajo amplio y profundo, acompañado por su equipo legal liderado por el abogado Oswaldo Medina.
Según Ortiz, este proceso se dio con el propósito de entregar al país y a la justicia una visión honesta de los hechos.
Sin embargo, lamentó que a pesar de haber trabajado a la par con los fiscales y de recibir inicialmente un trato cordial, la dinámica cambió drásticamente: “Es como si estuviera hablando con otros fiscales, ahora mencionan chantajes y amenazas, algo que nunca ocurrió”.

Además, Ortiz reiteró su desconfianza en Camargo y solicitó la designación de un fiscal ad hoc para garantizar transparencia en el manejo del caso.
Según explicó, la falta de garantías no solo compromete el acceso a la justicia, también su seguridad familiar: “Desde hace más de un mes y medio estoy esperando que cumplan con el compromiso de proteger a mis hijas, pero hasta ahora no hay respuesta”, explicó en diálogos con Semana.
Uno de los puntos más delicados es la presunta filtración de pruebas que implicarían al magistrado Fernández en actos irregulares. Según Ortiz, estas pruebas fueron publicadas por el medio Semana y podrían haber salido de la misma Fiscalía. “Quiero que digan si mi abogado o yo filtramos esas pruebas. Es un material contundente, y negar su relevancia no es posible”, subrayó al medio mencionado.
Ortiz, quien ocupó el cargo de consejera presidencial para las regiones durante la administración de Gustavo Petro, reconoció errores personales, pero también arremetió contra las dinámicas internas del Gobierno y las acusaciones en su contra.

Según afirmó, siente que la están usando como chivo expiatorio para desviar la atención de otros implicados: “Me quieren sacrificar para calmar todos los escándalos de este Gobierno”, dijo.
Por último, Ortiz expresó preocupaciones sobre el alcance del escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mencionando a otras figuras políticas y señalando que, aunque esta situación no es nueva en la política colombiana, el actual Gobierno había prometido un cambio.
Respecto a esta promesa, señaló: “Le entregué mi vida a este Gobierno porque quería lo mejor para el país, pero muchas de las cosas que debieron cambiar no sucedieron”. Ortiz añadió que espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia revisen sus pruebas y hagan justicia en su caso.
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